En 1983, la organización por los
Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo, CLAMOR, me comisionó para seguir
los rastros de la desaparición de Graciela Rutilo y de su hijita Carlita. Era
uno caso emblemático del Plan Cóndor y las ramificaciones alcanzan a Argentina,
Bolivia, Brasil y Uruguay.
La búsqueda fue dolorosa,
aparecieron pistas falsas motivadas por los paramilitares apresados al inicio
de la etapa democrática con el impulso de la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos, la Asociación de Familiares de Desparecidos por causas políticas y
abogados como Juan del Granado.
Amparo Carvajal era el pilar de esa
búsqueda y Fanny Delaine, la profesional, que había tomado los datos de la
criatura cuando fue depositada en el Hogar Virgen de Fátima como una
desconocida N.N. y luego arrancada para torturar psicológicamente a su madre,
militante guevarista, y para entregarla a la Triple A argentina.
Más tarde, la niña Gina Ruffo recuperó
su verdadera identidad, retornó a su familia materna representada por la
infatigable abuela Matilde Artés y partió a España para evitar las acciones de
quien la retuvo como hija propia- posible asesino de su madre- el torturador
argentino Eduardo Ruffo.
En 1999 Carlita vino a recorrer los
momentos de horror de su infancia y se alojó en mi casa para estar protegida
pues gobernaba otra vez Banzer disfrazado de demócrata. Las agresiones fueron
indirectas para evitar que se difunda su denuncia y pocos medios la
entrevistaron, entre ellos una conmovedora charla con Carlos Mesa.
Muy joven Carlita tuvo una hija,
Gracielita, y luego dos hijos más, como señal de la maternidad que continúa
bajo el dolor pues nunca pudo desprenderse de su infancia desgarrada, reflejada
en parte en el premiado film “Historia Oficial”. Junto a su abuela y luego casi
siempre sola y dedicada a los derechos humanos enfrentó muchas carencias
materiales.
El gobierno de la República de
Bolivia aprobó indemnizar a las víctimas de las dictaduras. Ordenamos sus
papeles con todos los testimonios que fueron entregados oportunamente al (Vice)
Ministerio de Justicia. Sin embargo, once años después, el Estado Plurinacional
negó a esas víctimas sus derechos, a pesar de las gestiones de Antonio Peredo.
Hay dinero para museos inservibles o para viajar a Caracas a tomar el té, pero
no para quienes sacrificaron su comodidad por darnos democracia.
Carlita murió hace unas semanas de
cáncer, a sus 41 años. Así pagó Bolivia su orfandad. Que descanse en paz junto
a Luis Espinal y Oscar Romero, a quienes también recordamos esta semana.