Otra de las mascaradas del Movimiento al Socialismo (MAS) fue el discurso de defensa de los Derechos Humanos y el anuncio de una “Comisión de la Verdad” el 21 de agosto de 2017 como memoria del sangriento golpe militar encabezado por Hugo Banzer Suárez en 1971, con el respaldo de políticos y partidos aún vigentes. El D.S. 3594 detalló los objetivos y plazos de la Comisión.
Era una asignatura pendiente para esclarecer el sistema represivo, los
encarcelamientos ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas,
además de conocer cómo y cuándo se entregaron detenidos a Argentina o se
participó en el Plan Cóndor. Hasta ahora no se realizaron investigaciones
oficiales desde Bolivia sobre el ajusticiamiento del ex presidente Juan José
Torres en Buenos Aires, la muerte de Jorge Ríos en Santiago o la entrega de
Graciela Rutilo y su hija Carlita en Villazón.
La noticia era importante para la historia. Sin embargo, desde un inicio tuvo
visiones cuestionables como el sesgo ideológico que acompaña muchas veces las
denuncias sobre Derechos Humanos: los izquierdistas no cometen violaciones,
para decirlo de manera sintética. Por tanto, no estaba en sus objetivos indagar
lo sucedido después de 1982 o durante el gobierno de Evo Morales (Hotel las
Américas, la Calancha).
Los oficiales y paramilitares implicados en el sistema de control militar y
policial contra políticos y sindicalistas gozan en el país de una larga
impunidad. Contaba la esposa de Hernán Siles Zuazo en 1982, Teresa Ormachea,
que los guardaespaldas del presidente eran los mismos que lo habían perseguido.
No cambian. Se transforman.
Morales y su entorno palaciego no se atrevieron a tocar las fibras sensibles
dentro de las Fuerzas Armadas, arista que parece que tampoco templará Rodrigo
Paz Pereira, más distraído volando con su uniforme de la FAB.
La Comisión acumuló expedientes de las posibles víctimas, sin presentar
resultados contundentes sobre los responsables. Ni siquiera sobre el asalto a
la sede de la Federación de Mineros el 17 de julio de 1980. ¿Cuál fue el rol de
militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario, quién facilitó las
ambulancias, dónde están los torturadores made in USA? Se barajaron
culpables aislados sin entrar al sistema.
Estuvieron dentro de la Comisión militantes como Nila Heredia o Edgar Ramírez,
pero no consideraron a criminólogos o a investigadores capacitados. Escribimos
en más de una ocasión sobre el rol de su ejecutivo Fernando Rodríguez,
posteriormente acusado de otros asuntos complejos.
También recordamos la presunta presencia en las oficinas de la Comisión, en la
Plaza España de Sopocachi, de cubanos que habrían conocido, copiado, dossiers
de las víctimas bolivianas. Rodríguez nunca respondió si este extremo era real.
¿Por qué un gobierno extranjero tenía acceso a archivos confidenciales
bolivianos?
El otro defecto de nacimiento fue el rasgo economicista. Quizá desde las carpas
en El Prado -que resistieron por años al olvido- el énfasis fue puesto en la
indemnización por los daños causados por el Estado a las víctimas y no tanto en
la indagación. Varios activistas ya han muerto sin conseguir sus demandas.
La Comisión tampoco visibilizó a los ciudadanos que enfrentaron dentro del país
a las dictaduras: hombres, mujeres de a pie que encabezaron huelgas, bloqueos,
cercos, como en Catavi, Huanuni, Caracoles, Quillacollo, Sorata. Los jóvenes no
tienen idea de la valentía de sus padres y abuelos para buscar la libertad y la
democracia que ahora gozan.
El actual gobierno tiene la posibilidad de encauzar esta búsqueda que quedó
frustrada y de indagar a fondo quiénes fueron los represores, tengan el cargo
que tengan. Oficiales que ahora recogen el 100 por ciento de su jubilación y no
pagaron ni un día de cárcel, ni siquiera en la justicia militar. La prensa de
esos años guarda muchos datos.
En el reverso del Estado, sobrevive debilitada la Asamblea Permanente de
Derechos Humanos de Bolivia, cuyo medio siglo se cumple este 10 de diciembre de
2026. No es posible culpar de la agonía solamente al masismo. Hace demasiado
tiempo que la APDHB no renueva su rostro. Sobrevive una de sus fundadoras,
Amparo Carvajal, reconocida por su coraje. Ella no es la institución, como a
veces se confunde. Es momento de dar paso a las generaciones formadas bajo la
democracia y con otras experiencias. Asimismo, urge alianzas con otras
entidades de la sociedad civil.
La APDHB fue alentada por cristianos, principalmente por la Iglesia Católica
desde la precursora Comisión de Justicia y Paz, inspirada en la Casa Común de
San Francisco de Asís, en las encíclicas de León XIII; un largo historial. En
el tenso panorama internacional, la voz del Papa León XIV da continuidad a esa
misión: paz con justicia social. Desde el Estado y desde la sociedad civil hay
que escuchar ese clamor.