Entre maletas, oro, audios, otros asuntos quedan entre papeleos, aunque su dimensión puede marcar el mejor o peor destino de las futuras generaciones. Entre esos temas están los de la propiedad de la tierra, los parques nacionales, los bosques.
Hay casos
que datan de la anterior gestión, como la estrambótica compra de un predio llamado
“Adán y Eva”. Entonces se denunció que el hijo del expresidente Luis Arce
Catacora, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, había comprado el fundo por valor de
3,3 millones de dólares. El neo agroindustrial había arrasado con 500 hectáreas
de bosque primario para sembrar soya. También se denunció que la Autoridad de
Bosques y Tierras (ABT) había autorizado el desmonte de mil hectáreas. La
denuncia del grupo de medios Conectas quedó como un antecedente.
Poco se
sabe de lo sucedido con “Adán y Eva”, de las amistades de los socialistas del
Siglo XXI con poderosos del agronegocio y qué pasa con miles de otras hectáreas
desforestadas para sembrar soya. Expertos en los temas de tierra e
instituciones dedicadas a este asunto publican regularmente informes sin lograr
la repercusión de otros temas más sexis y Bolivia sigue perdiendo bosques,
aire, agua.
Uno de
los primeros quiebres de la actual gestión fue la llamada Ley de Branko
Marikovic para la conversión voluntaria y gratuita de la clasificación de
pequeña propiedad a propiedad mediana, supuestamente para acceder a créditos.
Los indígenas de las tierras bajas reaccionaron inmediatamente contra la Ley 157
(Ley 1720) por la experiencia que tienen en la pérdida gradual de sus
territorios. Iniciaron una marcha que no pudo ser detenida por los mediadores y
llegaron hasta La Paz. Lograron la abrogación de la medida, pero el mal
ambiente quedó.
Marikovic
no convenció a los campesinos con su idea de que el “80 por ciento del sector
rural sería beneficiado”. Al contrario, despertó antiguos demonios. La sola mención
“conversión para la propiedad agraria” trajo malos recuerdos a las comunidades
en todo el país.
En el
área andina, en programas de radio, se escuchaban quejas y preocupaciones de
los campesinos porque les iban a quitar sus tierras; porque los iban a
acorralar igual que hizo Melgarejo; que iba a ser aprovechada para dividir las
tierras comunitarias de origen; que iba ser usada para dividir a los
campesinos. Fueron parte de los argumentos que echaron leña a la frustración
por los primeros meses de gobierno de Rodrigo Paz y que se tradujeron en los 53
días de bloqueos en las carreteras y el cerco a La Paz.
Hace
poco, el ministro de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Oscar Mario
Justiniano, provocó otra ola de protestas con su instrucción para el despido
masivo de los 143 guardaparques del país. La orden era “poner los cargos a
disposición”. Justiniano ha ido abarcando más competencias con la súbita
desaparición del Ministerio de Planificación que desordenó las dependencias
tradicionales.
El
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) (1997) fue una de las
instituciones más sólidas y confiables hasta que Evo Morales y Juan Ramón
Quintana lo destrozaron con la imposición de autoridades ignorantes (como Abel
Mamani que no tenía idea de la floresta) hasta la contratación de personal sin
la formación técnica adecuada. Se prepara un diagnóstico que seguramente
detallará qué ha pasado y cómo puede continuar esta institución.
Como
candidato, Paz Pereira prometió la meritocracia. Sin embargo, no parece que la
actual dirección interina del SERNAP represente a quienes han defendido el
Medio Ambiente y conocen la gestión de una entidad tan compleja. Se rumorea de
“asesores” del ministerio que actúan contra personas que conocen la entidad.
Los
guardaparques denunciaron que la medida de “poner sus cargos a disposición” les
dejaba sin seguridad laboral, con el peligro de ser desvinculados. Muchos de
ellos llevan años de trabajo y en varios momentos fueron los frenos al avance
de la minería ilegal, las plantaciones de coca y el tráfico de tierras en los
parques nacionales.
La
denuncia de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación
(ABOLAC) fue apoyada por la Defensoría del Pueblo (aunque es tarea para el
Ministerio de Trabajo) con una solicitud de audiencia urgente para evitar daño a
los derechos humanos y ambientales y la afectación a la Madre Tierra.
También
reaccionó la diputada Cecilia Requena por la amenaza a la institucionalidad de
la gestión ambiental, ya “hecha añicos” y calificó la iniciativa de Justiniano
como un “nuevo ataque contra las áreas protegidas”.
Posteriormente,
Justiniano aseguró que se garantizaba la estabilidad laboral, pero queda en el
tintero la preocupación por el futuro de los parques nacionales y las áreas
protegidas que han sido una garantía para la vida en Bolivia, pero que son una
tentación para actividades ilegales, el extractivismo y otras ambiciones.