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viernes, 28 de agosto de 2026

LAS BATALLAS OLVIDADAS

 

            ¿Están los bolivianos condenados, como Sísifo, a subir piedras para que, al llegar a la cima, vuelvan a rodar? Quizá ese destino perverso los persigue.

            Lucharon por el respeto al resultado del referendo 2016 y contra el fraude del 2019, pero el movimiento Demócratas -con sólo el 4% de la votación- se apoderó de la victoria. La inicial valentía de Jeaninne Añez fue opacada por un esquema de corrupción aún más voraz del demostrado por el Movimiento al Socialismo (MAS).

            La memoria colectiva debería recordar que a pesar de ese fracaso hubo sectores sociales que combatieron la violencia física y simbólica de Evo Morales, de Álvaro y Raúl García Linera, de Juan Ramón Quintana y de sus múltiples operadores y guerreros.

            Desde los Yungas paceños, APDECOCA enfrentó en sucesivas oleadas la represión a sus socios, el apresamiento de sus dirigentes, la tortura de sus líderes más notables. Episodios agravados en el gobierno de Luis Arce/ Eduardo del Castillo.

            Los pobladores de tierras bajas soportaron la presión de los productores del circuito coca/cocaína durante décadas, con una línea roja en permanente tensión. Escenas de terror contra habitantes de parques nacionales y de territorios indígenas. El escenario más dramático fue cuando Sacha Llorenti ordenó la masacre en 2011, evitada por la solidaridad de la población beniana.

            Son muchos los grupos que no aceptaron la intimidación y salvaron al país del partido único, de convertirlo en el patio trasero de Cuba o de Venezuela. Evo no consiguió seguir el camino somocista de Ortega/Murillo en Nicaragua y de dictadores africanos.

            En las capas medias la entereza tuvo dos rostros permanentes: el de los médicos y trabajadores de la salud y el de los trabajadores de la prensa y periodistas en sus tres estamentos: propietarios, académicos y redactores/locutores/camarógrafos.

            El Colegio Médico se opuso a sucesivas medidas que intentó imponer el masismo. La lucha más épica duró 47 días, desde fines de 2017 hasta la victoria del 9 de enero de 2018. Los médicos, apoyados por estudiantes de medicina, enfermeras, personal de hospitales, no negociaron el Art.205 del proyectado Código Penal que pretendía castigar con seis años de cárcel los (supuestos) casos de negligencia médica.

            En apariencia se quería proteger al enfermo maltratado, en el fondo era otra medida contra los galenos bolivianos. Al mismo tiempo el gobierno pretendía legalizar el aborto, extremo rechazado por amplios sectores.

            La huelga médica fue robustecida por los pacientes en una movilización pacífica, casi un ensayo general del 2019 por su creatividad. Ramos de flores, villancicos, letreros luminosos, rezos y misas, consignas sencillas expresaban la protesta. La población afirmaba: “Yo apoyo a mi médico”, incluso en los días navideños. El triunfo de los mandiles blancos fue una muestra de la firmeza de la sociedad civil boliviana, acusada en ese momento de “seguir estrategias de la derecha y de Estados Unidos”.

            La otra gran rama de resistencia al autoritarismo fue la de los periodistas, desde las tareas cotidianas de informar hasta el enfrentamiento directo. Uno de los acuerdos más contundentes fue la oposición al intento de acallar medios a través de la normativa contra el racismo. Las portadas en blanco, las marchas, programas radiales unieron a la prensa y a sus organizaciones gremiales y profesionales.

            Durante 18 años los medios de comunicación padecieron la hostilidad financiera, los controles desde los ministerios, las presiones contra los reporteros. Al finalizar el gobierno del MAS pocos impresos sobreviven en Bolivia, otros agonizan.

            Los periodistas padecieron en sus filas quintacolumnistas que montaron campañas contra sus propios colegas, a través de voceros paraestatales encabezados por La Razón, ATB, radios del Chapare, Telesur y un entramado inmenso, descrito en sendos libros por Raúl Peñaranda y Rafael Archondo. Esos son los medios que recibieron millones en publicidad. En noviembre de 2019 eran el eco de la narrativa masista del “golpe” para deformar la movilización ciudadana que sacó a Evo.

            Los ataques abarcaron a la Iglesia Católica como el caso de ERBOL y de la Agencia de Noticias Fides. También contra la propia Conferencia Episcopal, sobre todo durante los intentos de pacificar el país. Esa prensa servil denigró a la institución religiosa, a sus obispos de forma personal y a la Universidad Católica San Pablo por albergar las comisiones de diálogo.

            La resistencia derrotó al masismo en las urnas. Sin embargo, la sombra de Sísifo asoma en el horizonte. Otra vez el anhelo de libertad y progreso está en peligro.

            Fernando Cerimedo no llegó como voluntario. Es una rata, pero una rata del proyecto de la ultraderecha transcontinental. Esa ideología consiguió reabrir diferencias regionales y étnicas en Bolivia, intentó provocar una guerra civil en Brasil, busca desestabilizar gobiernos constitucionales en México y en España, tergiversar elecciones.

            A los cerimedos no les interesa el bienestar de los pueblos. Su meta es la captura del Estado, ejercer poder y acumular platita, mucha platita. Bolivia no los necesita.

 

martes, 2 de septiembre de 2025

ISRAEL AISLADO DE LA COMUNIDAD MUNDIA

 

 

            “¡Asesinos!, ¡asesinos!, ¡asesinos!”. Asesinos de niños, de mujeres, de periodistas. Asesinos, asesinos, asesinos. Es el grito que estremece decenas de ciudades en todo el planeta, que rebalsa las redes sociales y ahora también resuena en casi todas las principales cadenas de noticias internacionales.

            Ante la insuficiente reacción de los gobiernos y de los organismos internacionales, la sociedad civil ha vencido al pretexto acusador de “antisemitismo” para denunciar con datos y hechos y con profundísimo dolor la destrucción sistemática del ejercito judío contra la población civil de Gaza.

            Tal como resumimos en varias ocasiones, las palabras y los calificativos han dejado de tener sentido cuando se contemplan los cuerpos mutilados de familias íntegras, de niños que hacían fila para recoger algo de agua, de un camillero atendiendo a los heridos de un bombardeo previo, de los periodistas acribillados.

            Hace un año se describía el horror como un genocidio, como un nuevo holocausto, como un violento e inmenso campo de concentración al aire libre o como un infanticidio masivo. Ahora, después de 22 meses de intensificación de la guerra de Israel contra el pueblo palestino, no existen antecedentes en la historia. No hay calificativos suficientes.

            Las imágenes demuestran que la invasión israelí es una continuación de lo que sucedía mucho antes del 7 de octubre de 2023. Sacerdotes y religiosas católicos son testigos de las permanentes incursiones de soldados y de colonos contra niños palestinos en Gaza, en Cisjordania y en los propios territorios ahora bajo bandera de David, donde viven los últimos descendientes de palestinos y beduinos.

            Llama la atención que los responsables de tirar bombas contra hospitales y lugares sagrados; de disparar contra personas que buscan algo de comida; de humillar en todo momento y en todo lugar a la dignidad de las mujeres árabes, son los hijos o nietos de quienes padecieron durante el régimen nazi en Europa.

            En ciudades españolas la multitud retrasmitía los cuerpecitos de cientos de niños amortajados de blanca túnica, sangrante. Más de 300 mil australianos marcharon condenando a Israel. En Nigeria, en México, en Chile y también en ciudades estadounidenses, en parlamentos europeos, en festivales de cine, en salas de concierto la gente pide paz en Gaza, ondea banderas palestinas y se une al grito “Palestina Libre”.

            Artistas, intelectuales, internautas graban videos para convocar a la acción de sus respectivos gobiernos. Defender a Gaza es defender a la humanidad.

            Unas palabras especiales merecen los periodistas asesinados por cumplir con su deber de informar al mundo sobre lo que sucede en Palestina. Israel prohíbe el ingreso de la prensa internacional a pesar de los insistentes pedidos de las agrupaciones de periodistas y de las agencias de noticias occidentales. Sólo admite algún reportero que siga a sus tropas.

            En ninguna guerra, un ejército enemigo ha exterminado a tantos cronistas como Israel en su conquista de Gaza. Más de 280 hombres y mujeres, casi todos menores de 30 años, a veces junto con toda su familia, han sido asesinados. Asesinados.

            Los últimos fueron los reporteros que habían acudido a cubrir los estragos de un bombardeo israelí contra el hospital Nasser en Jan Yunis. Los fallecidos fueron Mohammad Salama, Ahmed Abu Aziz, Moaz Abu Taha, fotógrafo, Husam al Masri, camarógrafo de la agencia Reuters y la joven de 33 años de AP Mariam Dagga.

            Consciente del peligro, Mariam redactó su testamento. Pidió a sus colegas no llorar en su funeral y a su hijo de 13 años, Ghaith, le escribió: “Hazme sentir orgullosa, alcanza el éxito y brilla”. Sus colegas la describieron como una verdadera heroína.

            Israel no quiere que se muestre la hambruna en la Franja, la cual niega sistemáticamente. Como otras veces, los comunicados oficiales se limitaron a “lamentar lo sucedido” ante la consternación mundial. En Bolivia ninguna organización de prensa se pronunció, ni tampoco los candidatos en las elecciones del 17 de agosto.

            Tampoco hubo reclamos desde Bolivia por la muerte de Anas Al Sharif, ese juvenil rostro que informaba desde los lugares más peligrosos sobre esos “cuerpos puros aplastados bajo miles de toneladas de bombas y misiles israelíes, destrozados y esparcidos por los muros”. En una de sus últimas fotos besa a su hijita. En su testamento apuntó: “He entregado todo mi esfuerzo y todas mis fuerzas para ser un apoyo y una voz para mi pueblo”.

            ¿Cuántos más tendrán que morir para que alguien detenga a Israel?

 

            

LUPE CAJÍAS

 

            “¡Asesinos!, ¡asesinos!, ¡asesinos!”. Asesinos de niños, de mujeres, de periodistas. Asesinos, asesinos, asesinos. Es el grito que estremece decenas de ciudades en todo el planeta, que rebalsa las redes sociales y ahora también resuena en casi todas las principales cadenas de noticias internacionales.

            Ante la insuficiente reacción de los gobiernos y de los organismos internacionales, la sociedad civil ha vencido al pretexto acusador de “antisemitismo” para denunciar con datos y hechos y con profundísimo dolor la destrucción sistemática del ejercito judío contra la población civil de Gaza.

            Tal como resumimos en varias ocasiones, las palabras y los calificativos han dejado de tener sentido cuando se contemplan los cuerpos mutilados de familias íntegras, de niños que hacían fila para recoger algo de agua, de un camillero atendiendo a los heridos de un bombardeo previo, de los periodistas acribillados.

            Hace un año se describía el horror como un genocidio, como un nuevo holocausto, como un violento e inmenso campo de concentración al aire libre o como un infanticidio masivo. Ahora, después de 22 meses de intensificación de la guerra de Israel contra el pueblo palestino, no existen antecedentes en la historia. No hay calificativos suficientes.

            Las imágenes demuestran que la invasión israelí es una continuación de lo que sucedía mucho antes del 7 de octubre de 2023. Sacerdotes y religiosas católicos son testigos de las permanentes incursiones de soldados y de colonos contra niños palestinos en Gaza, en Cisjordania y en los propios territorios ahora bajo bandera de David, donde viven los últimos descendientes de palestinos y beduinos.

            Llama la atención que los responsables de tirar bombas contra hospitales y lugares sagrados; de disparar contra personas que buscan algo de comida; de humillar en todo momento y en todo lugar a la dignidad de las mujeres árabes, son los hijos o nietos de quienes padecieron durante el régimen nazi en Europa.

            En ciudades españolas la multitud retrasmitía los cuerpecitos de cientos de niños amortajados de blanca túnica, sangrante. Más de 300 mil australianos marcharon condenando a Israel. En Nigeria, en México, en Chile y también en ciudades estadounidenses, en parlamentos europeos, en festivales de cine, en salas de concierto la gente pide paz en Gaza, ondea banderas palestinas y se une al grito “Palestina Libre”.

            Artistas, intelectuales, internautas graban videos para convocar a la acción de sus respectivos gobiernos. Defender a Gaza es defender a la humanidad.

            Unas palabras especiales merecen los periodistas asesinados por cumplir con su deber de informar al mundo sobre lo que sucede en Palestina. Israel prohíbe el ingreso de la prensa internacional a pesar de los insistentes pedidos de las agrupaciones de periodistas y de las agencias de noticias occidentales. Sólo admite algún reportero que siga a sus tropas.

            En ninguna guerra, un ejército enemigo ha exterminado a tantos cronistas como Israel en su conquista de Gaza. Más de 280 hombres y mujeres, casi todos menores de 30 años, a veces junto con toda su familia, han sido asesinados. Asesinados.

            Los últimos fueron los reporteros que habían acudido a cubrir los estragos de un bombardeo israelí contra el hospital Nasser en Jan Yunis. Los fallecidos fueron Mohammad Salama, Ahmed Abu Aziz, Moaz Abu Taha, fotógrafo, Husam al Masri, camarógrafo de la agencia Reuters y la joven de 33 años de AP Mariam Dagga.

            Consciente del peligro, Mariam redactó su testamento. Pidió a sus colegas no llorar en su funeral y a su hijo de 13 años, Ghaith, le escribió: “Hazme sentir orgullosa, alcanza el éxito y brilla”. Sus colegas la describieron como una verdadera heroína.

            Israel no quiere que se muestre la hambruna en la Franja, la cual niega sistemáticamente. Como otras veces, los comunicados oficiales se limitaron a “lamentar lo sucedido” ante la consternación mundial. En Bolivia ninguna organización de prensa se pronunció, ni tampoco los candidatos en las elecciones del 17 de agosto.

            Tampoco hubo reclamos desde Bolivia por la muerte de Anas Al Sharif, ese juvenil rostro que informaba desde los lugares más peligrosos sobre esos “cuerpos puros aplastados bajo miles de toneladas de bombas y misiles israelíes, destrozados y esparcidos por los muros”. En una de sus últimas fotos besa a su hijita. En su testamento apuntó: “He entregado todo mi esfuerzo y todas mis fuerzas para ser un apoyo y una voz para mi pueblo”.

            ¿Cuántos más tendrán que morir para que alguien detenga a Israel?

 

           

viernes, 17 de enero de 2025

LEY DE IMPRENTA: CENTENARIA Y CONTEMPORÁNEA

  

            Hace tres décadas, las organizaciones de los periodistas (empresarios, profesionales, trabajadores de la prensa), reunidas en Huatajata, declararon que la Ley de Imprenta de 1925 es Patrimonio del periodismo boliviano. Se comprometieron a cumplirla en todo su alcance, a defenderla de los permanentes ataques y a impedir que fuese modificada.

            Esas conclusiones fueron el resultado de varios seminarios y de trabajos de investigación sobre la normativa promulgada por Bautista Saavedra, un presidente bipolar que avanzó con leyes sociales al mismo tiempo que reprimía a mineros (Uncía) y a indígenas (Jesús de Machaca). Desde la Ley Mordaza propuesta por los banzeristas en 1987 hasta las insinuaciones para pasar a los periodistas a los tribunales ordinarios, los gremios de la prensa trabajaron intensamente para entender en profundidad los orígenes, los principios y el alcance de la Ley de Imprenta. El objetivo era defenderla con base en datos y no por simple consigna o emotividad.

            La revisión estuvo a cargo de constitucionalistas como Carlos Serrate Reich, periodistas abogados, periodistas profesionales que analizaban la comunicación masiva, periodistas empíricos con amplia trayectoria y otros. Lastimosamente no se cumplió con la idea de tener un afiche pegado en cada redacción para que todo reportero y editor tuviesen en cuenta sus derechos, pero -sobre todo- los deberes que establece la norma.

            Ese conocimiento permitió que en las sucesivas revisiones constitucionales y en la nueva Constitución de 2009, la prensa consiga introducir los artículos que protegen su trabajo y la libertad de expresión, además de la auto regulación. Aspecto que no hay que olvidar en el ejercicio diario de la información y de la opinión.

            ¿Por qué los periodistas decidieron mantener la Ley de Imprenta, a pesar de que ya irrumpían con fuerza las nuevas tecnologías y el contexto de las reformas de primera y segunda generación parecían calificar de “anticuada” a esta Ley?

            La respuesta es sencilla y a la vez de profunda significación. La centenaria Ley de Imprenta tiene al menos tres principios que la mantienen vigente y le dan fuerza para durar otros cien años más, como sucede con la Constitución de Estados Unidos, guardando las distancias.

            La Ley de Imprenta protege el secreto de la fuente. Este es un asunto que une a los periodistas del mundo desde el siglo XIX y es motivo de cantidad de casos de estudio. Una periodista estadounidense prefirió la cárcel a revelar quién era su “garganta profunda”, el famoso término usado desde el caso Watergate, el más conocido ejemplo de periodismo de investigación.

            Este secreto merece a la vez un permanente manejo ético dentro de las redacciones para evitar su mal uso. No faltó el político que declaraba algo “confidencialmente” para conseguir algún oscuro objetivo. Por ejemplo, avisaba la renuncia del canciller, cuando en realidad él buscaba ocupar ese puesto. Su “noticia” reproducida ingenuamente por alguna prensa provocaba lo que él deseaba, imponer el rumor sobre la verdad.

            En cada caso, el comité editorial debe examinar con cuidado cuáles son las fuentes que debe proteger el reportero o el editor. Evitar el juego político y el uso que algún ministro o alguna fracción partidaria quiere provocar con el “off de record”.

            En los últimos 20 años, el Movimiento al Socialismo (MAS) y sus estructuras dentro del Poder Judicial han intentado convocar a periodistas en distintos asuntos para obligarlos a revelar sus fuentes de información, sean orales o documentales, o como testigos porque cubrieron tal o cual noticia.

            La Ley de Imprenta instruye que ningún delito de imprenta tiene castigo corporal, como también se ha intentado imponer en estos años. Este es uno de los párrafos más precarios porque prevé multas que obviamente no son adecuadas. Sin embargo, en este asunto, una enmienda podría trasladar los montos que propone la Ley a cifras actualizadas.

            Las multas han sido utilizadas por gobiernos del “socialismo siglo XXI” para provocar el cierre de medios, sobre todo en Ecuador, Venezuela y Nicaragua. En Cuba no existe prensa que no sea oficialista. Argentina y Brasil, Chile y Uruguay, bajo gobiernos izquierdistas, mantuvieron en general el respeto a la libertad de expresión, a pesar de muchos casos complejos y polémicos.

            El tercer aspecto que defienden los periodistas desde hace un siglo es que en la Ley de Imprenta los presuntos delitos de imprenta se tramitan en jurados compuestos por ciudadanos elegidos en cada municipio y no en la justicia ordinaria. Ese fuero ha evitado en estos años que los regímenes de turno o los poderes políticos y económicos acallen a la prensa con la amenaza de juicios.

            Al mismo tiempo, es otro de los temas que más se debatieron entre periodistas y abogados en los seminarios organizados en la Asociación de Periodistas. La Ley de Imprenta, como otras normas incluyendo la propia Constitución Política del Estado, no fueron respetadas durante los largos años de dictaduras militares, o durante la Revolución Nacional.

            Como dirigentes, insistimos en la necesidad de que los gobiernos municipales elijan ciudadanos notables para poder sortear entre ellos cuando se necesiten los jurados de imprenta. Es una práctica diferente al resto de los procedimientos en el orden jurídico nacional.

            Algunos comentaristas opinan que hay que revisar la Ley porque fue aprobada cuando únicamente existían los impresos. Sin embargo, la Ley está redactada para adecuarse a otros soportes, como sucedió con la radiodifusión (fundada pocos años después), la televisión y ahora podría alcanzar a otras tecnologías.

            Lo importante son sus principios inalterables.

            En diciembre de 1917, el matutino “El Diario” reprodujo por varios días (desde el intento golpista del 5 de ese mes) las discusiones sobre la propuesta de revisar la Ley de Imprenta de 1900.

            El decano de la prensa nacional publicó en primera plana, en forma de editorial y como noticias las opiniones de los propios periodistas, del Poder Ejecutivo -que preparó un proyecto para una nueva Ley de Imprenta- y de las comisiones camarales. Algunos temas eran los más debatidos: el asunto de los jurados de imprenta; quiénes deberían ser los responsables de un texto, además del autor (editor, director, gerente, dueño de la imprenta); la importancia de las fuentes; el necesario equilibrio entre libertad de prensa y los posibles abusos de los periodistas. Para ser considerado como tal se propuso crear un registro, aspecto que la APLP retomó en 1982 hasta que se logró el registro nacional que luego no fue respetado.

            Tanto en los editoriales como en las consideraciones para la nueva normativa se enfatiza el asunto del anonimato. Ayer, como actualmente, personas cobardes se escudan en nombres (perfiles) falsos para poder insultar al adversario político.

            “El Diario” reportó que en ese momento existían 32 publicaciones liberales, de las cuales 10 eran diarios; y 13 periódicos conservadores, de los cuales dos eran diarios. Eran editados en las capitales departamentales como en otros lugares como Baures, Uyuni, Tupiza.

            La prensa boliviana, hasta muy entrado el siglo XX, fue esencialmente política, de partidos y de fracciones dentro de los mismos partidos. La lucha verbal era durísima, al punto que decía el editorial de “El Diario”: “el que insulta en privado va a la cárcel, el que insulta en público llega a la cumbre de la fama”.

            El debate sobre el proyecto duró varios años y superó diferentes gobiernos.

            En este 2025, centenario de la Ley de Imprenta, las asociaciones de periodistas organizan nuevos encuentros para conocer más y mejor su significado. Sin embargo, falta indagar en los redactores del Congreso y cómo se logró el consenso para promulgar la norma que garantiza las libertades democráticas.

            Hace poco, en el prólogo al libro de remembranzas del periodismo de Pedro Rivero Jordán, subrayé la valentía de este director, quien “une a su voz el coraje de la memoria”. En él agradezco a su familia y a los dueños honrados de periódicos, radios y canales nacionales. Pedro y otros propietarios bolivianos apoyaron en estos años las muchas acciones colectivas de la prensa boliviana arriesgando inversiones, ganancias, ahorros de varias generaciones para defender la libertad de expresión.

            Nuestro homenaje mayor es a estos periodistas que resistieron los embates en estos duros años. Hace pocos días rendía también homenaje a los periodistas decentes como Mario Castro.

            Sin ellos no hubiese sido posible mantener estas trincheras de libertad de pensamiento, de cobijar a las diversas voces. El pueblo boliviano entiende que la vanguardia en defensa de la libertad de pensamiento está acá y con este portaestandarte se lucha por todos.

            Esto es muy, muy importante. El mundo está en una peligrosa transformación de los poderes tradicionales. El rol de Elon Musk es un capítulo que hay que analizar en profundidad. ¿Qué puede hacer la Ley de Imprenta ante estos nuevos imperios que han borrado las fronteras internacionales? El territorio Facebook es más grande que tres continentes.

            El despido de Jorge Ramos en Univisión es el prólogo de lo que la prensa libre enfrentará en los próximos cinco años. Nicolás Maduro y Donald Trump no pueden soportar entrevistas no pactadas. (Tampoco Evo Morales aguantó sus preguntas). Ramos denunció hace años que siempre “alguien” se entromete en su celular y en sus correos.

            En el otro extremo, el asesinato de periodistas palestinos en Gaza y Cisjordania, de sus hijos, de sus padres, de sus familias, el ingreso de tropas a las redacciones de canales internacionales es una señal de tiempos muy oscuros para la prensa.

            Ninguna democracia es posible sin la posibilidad de escuchar al otro. Aunque la irrupción del internet y de las redes sociales ha desbordado todo equilibrio, no será con censuras o amenazas cómo se gane esta batalla del siglo XXI.

viernes, 9 de septiembre de 2022

EL MILLONARIO ESQUEMA DE LA SUMISIÓN

 

            ¿Alguien se imagina a Víctor Paz Estenssoro entregando recursos de los bolivianos a la agencia UPI para que aplaudiera sus actividades? En los doce años del gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) decenas de periodistas llegaron al país para admirar la Revolución de Abril, sin perder su postura crítica.

            ¿Cómo hubiese recibido la ministra Maria Nela Prada si Hugo Banzer hubiese pagado a la TELAM para ganar titulares en la prensa argentina? En las decenas de estudios sobre los medios de comunicación durante las dictaduras militares no aparecen contratos millonarios entre un ministerio y un corresponsal de agencia extranjera. Parece que a ella no le tembló la mano.

            Lo que hace el Movimiento al Socialismo con los sistemas de información no lo hicieron ni las corrientes nacionalistas, ni las dictaduras y mucho menos las democracias de los años 90. Acorrala la libertad de pensamiento y la libertad de expresión con múltiples acciones.

            Aplica la violencia “blanca” que no deja huellas como los asaltos a las imprentas, los apresamientos o los asesinatos, sin olvidar que también puede aplicar la violencia roja, como en Las Londras. El cerco es mayormente económico y judicial. No solamente niega la publicidad pública, sino que impide que empresas privadas contraten espacios en medios “enemigos” o traba las iniciativas para consolidar las finanzas de un periódico.

            Al mismo tiempo, envía a sus agentes disfrazados de impuestos nacionales, inspectores de trabajo, abogados, fiscales para obstaculizar la labor cotidiana de los periodistas.

            En la otra mano reparte dinero a quienes alaban al gran jefe, al gobierno, a sus medidas. Millonarios contratos de publicidad con medios o con programas específicos o con revistas de farándula para que sigan la línea oficial de la información. No son pocos los periodistas que han perdido el decoro a cambio del puesto. Tampoco faltan los testaferros que compran acciones en canales de televisión.

            El esquema funciona. ¿Se acuerdan cuando el otrora dirigente sindical y ministro de comunicación Iván Canelas afirmaba que su contratista coquero “seguía la senda de Jesús”? (¿O sería de Jesús Vera?) Mientras era parte del grupo de viajes y festejos del entorno palaciego, desde diferentes pegas. Los escándalos que involucraron a su hijo, también funcionario, son de dominio público. Es sólo un ejemplo.

            La cadena venezolana TELESUR recibe más dinero que los periódicos bolivianos que crean empleos y pagan impuestos en el país. Más que las radios que sientan soberanía en el lugar más lejano del territorio nacional y mucho más que cualquier canal universitario. A cambio, la sumisión de sus reporteros.

            Los periodistas bolivianos de base lucharon muchos años, desde sus medios o desde la investigación, para lograr el Nuevo Orden Informativo Internacional; para avanzar en el equilibrio de la información y en el flujo de las noticias norte sur y viceversa.

El populismo impone un esquema de desinformación y noticias falsas, erradica la crítica y la búsqueda de la verdad. Usa el arma más sencilla: paga el silencio.  

Los nuevos periodistas millonarios se visten de azul. Les encanta el socialismo caviar. ¿Qué pasará cuando falte la chequera del (no) estado plurinacional? Por lo pronto, mientras existan bolivianos que trabajan legalmente y paguen impuestos, tienen asegurados contratos y pautas publicitarias. El esquema de la sumisión funciona.

           

           

           

           

viernes, 12 de noviembre de 2021

CREAR DOS, TRES MUCHAS UCUREÑAS

 


            Esta semana se repitió una vez más el guion del Movimiento al Socialismo (MAS) para intentar vencer a las ciudades rebeldes trasladando a campesinos humildes para enfrentarlos con los citadinos, con una violencia similar a la promovida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 1958 contra la resistencia cruceña. Sin olvidar que lo mismo hizo René Barrientos entre 1965 y 1969 usando el Pacto Militar Campesino contra las protestas del proletariado minero.

            Llevar grupos armados desde Ucureña hasta Santa Cruz de la Sierra le costó al régimen movimientista el inicio de su caída, después de haber logrado más del 80 por ciento de votos en las elecciones de 1956; el presidente Hernán Siles no tuvo pisada en esa región. Nadie pudo borrar la imagen de unos bolivianos convertidos en caricaturas de sí mismos, embriagados, atacando a civiles desarmados, con el pretexto de una conspiración de Falange Socialista Boliviana (FSB) y contra los reclamos cívicos.

            Apoyados por los carabineros y trasladados por los militares, los milicianos cochabambinos entraron a domicilios particulares para robar el botín prometido; saquearon clubes sociales, destruyeron la sede del Comité por Santa Cruz. Actuaron como hordas descontroladas. El hecho fue calificado en su momento y en la historia como un acto de barbarie. ¡Qué ganaron los pobres agrarios acarreados por los poderosos?

            En 2019 (octubre y noviembre), en 2020 (agosto) y en 2021, el MAS usó de la misma forma a gente de recursos limitados para llevarlos a cercar barrios paceños, para sembrar terror en Cochabamba. Una y otra vez acarrea a laimes o jukumaris para provocar un tinku sin ritual contra los pobladores de la heroica ciudad de Potosí; desde el Chapare lleva huestes hasta Santa Cruz de la Sierra (usando vehículos que tendrían origen en el narcotráfico); así llevó pobladores de San Julián contra periodistas en Las Londras Siempre en masa, anónimos, encapuchados, armados con garrotes, dinamitas, armas letales, sin enfrentar ninguna responsabilidad, ningún cargo.

            Desde las estructuras que supuestamente deberían dar seguridad a la ciudadanía, son mimados por jefes policiales, por defensoras del estado, por ministros.

            El MAS pretende crear dos, tres, muchas ucureñas para meter miedo a la población inerme, sin recordar que el método fue una sombra permanente para la historia del MNR y sus caudillos y fue un fracaso para quienes en su momento quisieron crear guerras civiles en Asia, África y América Latina imitando a Vietnam.

            El MAS esquiva una y otra vez las oportunidades que le da la historia para responder a las demandas del pueblo boliviano. No admite que fue sacado del Palacio de Gobierno por una ciudadanía que ocupó las calles voluntariamente, autoconvocada, en familia, alegre, unida, creativa, de punta a punta en el mapa nacional. Se atraganta con su invento de “golpe” que le impide ver que la gente quiere paz, quiera diálogo, quiere participación, quiere desarrollo.

            Trasladar gente rural para agredir a universitarios, armar con piedras a campesinas para que peguen a madres de familia, ensangrentar a periodistas que sólo tienen un lapicero, cercar a vecinos que no quieren perder sus viviendas, golpear a una anciana hincada, patear a un discapacitado, gasificar a una muchacha, encañonar en la cabeza a un ciclista adolescente… son recursos cobardes. Con la posibilidad, además, de volverse un boomerang y de generalizar el recurso de la violencia, camino que no tiene retorno.