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miércoles, 29 de abril de 2026

DDHH: UNA INSTITUCIONALIDAD TRIZADA

 

            Otra de las mascaradas del Movimiento al Socialismo (MAS) fue el discurso de defensa de los Derechos Humanos y el anuncio de una “Comisión de la Verdad” el 21 de agosto de 2017 como memoria del sangriento golpe militar encabezado por Hugo Banzer Suárez en 1971, con el respaldo de políticos y partidos aún vigentes. El D.S. 3594 detalló los objetivos y plazos de la Comisión.

            Era una asignatura pendiente para esclarecer el sistema represivo, los encarcelamientos ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, además de conocer cómo y cuándo se entregaron detenidos a Argentina o se participó en el Plan Cóndor. Hasta ahora no se realizaron investigaciones oficiales desde Bolivia sobre el ajusticiamiento del ex presidente Juan José Torres en Buenos Aires, la muerte de Jorge Ríos en Santiago o la entrega de Graciela Rutilo y su hija Carlita en Villazón.

            La noticia era importante para la historia. Sin embargo, desde un inicio tuvo visiones cuestionables como el sesgo ideológico que acompaña muchas veces las denuncias sobre Derechos Humanos: los izquierdistas no cometen violaciones, para decirlo de manera sintética. Por tanto, no estaba en sus objetivos indagar lo sucedido después de 1982 o durante el gobierno de Evo Morales (Hotel las Américas, la Calancha).

            Los oficiales y paramilitares implicados en el sistema de control militar y policial contra políticos y sindicalistas gozan en el país de una larga impunidad. Contaba la esposa de Hernán Siles Zuazo en 1982, Teresa Ormachea, que los guardaespaldas del presidente eran los mismos que lo habían perseguido. No cambian. Se transforman.

            Morales y su entorno palaciego no se atrevieron a tocar las fibras sensibles dentro de las Fuerzas Armadas, arista que parece que tampoco templará Rodrigo Paz Pereira, más distraído volando con su uniforme de la FAB.

            La Comisión acumuló expedientes de las posibles víctimas, sin presentar resultados contundentes sobre los responsables. Ni siquiera sobre el asalto a la sede de la Federación de Mineros el 17 de julio de 1980. ¿Cuál fue el rol de militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario, quién facilitó las ambulancias, dónde están los torturadores made in USA? Se barajaron culpables aislados sin entrar al sistema.

            Estuvieron dentro de la Comisión militantes como Nila Heredia o Edgar Ramírez, pero no consideraron a criminólogos o a investigadores capacitados. Escribimos en más de una ocasión sobre el rol de su ejecutivo Fernando Rodríguez, posteriormente acusado de otros asuntos complejos.

            También recordamos la presunta presencia en las oficinas de la Comisión, en la Plaza España de Sopocachi, de cubanos que habrían conocido, copiado, dossiers de las víctimas bolivianas. Rodríguez nunca respondió si este extremo era real. ¿Por qué un gobierno extranjero tenía acceso a archivos confidenciales bolivianos?

            El otro defecto de nacimiento fue el rasgo economicista. Quizá desde las carpas en El Prado -que resistieron por años al olvido- el énfasis fue puesto en la indemnización por los daños causados por el Estado a las víctimas y no tanto en la indagación. Varios activistas ya han muerto sin conseguir sus demandas.

            La Comisión tampoco visibilizó a los ciudadanos que enfrentaron dentro del país a las dictaduras: hombres, mujeres de a pie que encabezaron huelgas, bloqueos, cercos, como en Catavi, Huanuni, Caracoles, Quillacollo, Sorata. Los jóvenes no tienen idea de la valentía de sus padres y abuelos para buscar la libertad y la democracia que ahora gozan.

            El actual gobierno tiene la posibilidad de encauzar esta búsqueda que quedó frustrada y de indagar a fondo quiénes fueron los represores, tengan el cargo que tengan. Oficiales que ahora recogen el 100 por ciento de su jubilación y no pagaron ni un día de cárcel, ni siquiera en la justicia militar. La prensa de esos años guarda muchos datos.

            En el reverso del Estado, sobrevive debilitada la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, cuyo medio siglo se cumple este 10 de diciembre de 2026. No es posible culpar de la agonía solamente al masismo. Hace demasiado tiempo que la APDHB no renueva su rostro. Sobrevive una de sus fundadoras, Amparo Carvajal, reconocida por su coraje. Ella no es la institución, como a veces se confunde. Es momento de dar paso a las generaciones formadas bajo la democracia y con otras experiencias. Asimismo, urge alianzas con otras entidades de la sociedad civil.

            La APDHB fue alentada por cristianos, principalmente por la Iglesia Católica desde la precursora Comisión de Justicia y Paz, inspirada en la Casa Común de San Francisco de Asís, en las encíclicas de León XIII; un largo historial. En el tenso panorama internacional, la voz del Papa León XIV da continuidad a esa misión: paz con justicia social. Desde el Estado y desde la sociedad civil hay que escuchar ese clamor.

viernes, 1 de julio de 2022

INFORME DE UNA COMISIÓN DE VERDAD

 

            Este martes 28 de junio, la Comisión de la Verdad de Colombia entregó su Informe Final en una ceremonia impecable que contó con la participación de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Papa Francisco. Una ceremonia masiva, amplificada por todos los medios posibles; prensa, radio, televisión, redes, Youtube, cadenas ciudadanas, dentro y fuera del país.

            “Un proceso plural de escucha” que se realizó en todo el territorio, con puertas abiertas, multidisciplinario, pluricultural, más allá de ideologías y de partidos políticos, con las herramientas necesarias para que hable un anciano, una inválida, un discapacitado, una mujer violada, la madre sin hijos, la monja afro. Cada persona que quería decir algo pudo hacerlo, de forma abierta, protegida, sin filtros.

            Como suele ser entre los colombianos, los organizadores aprovecharon al máximo las posibilidades de la comunicación masiva para mostrar los resultados del trabajo. Un conjunto de testimonios con voces múltiples, abarcando el complejo abanico de la sociedad, contó la historia de seis décadas de violencia política y social. Sin voces lastimeras, el horror al que puede llegar el odio entre hermanos. Mayoría de mujeres relatando, igual que en el público. Mujeres, una vez más, las triples víctimas de toda guerra.

            La relatora, con voz clara, firme y con un manejo correcto del idioma español, daba paso a cada capítulo durante más de una hora, mientras el público presencial y virtual escuchaba de muertes, de guerrilleros desalmados, de paramilitares enloquecidos, de ladrones de tierras, de desplazados, de sobrevivientes, de masacres, de hermanos que perdieron a toda su familia.

            Las mismas voces anunciando la esperanza de la reconciliación, a partir del perdón; la posibilidad de lograr justicia a través de asumir responsabilidades individuales y colectivas. Sobre todo, la utopía de vivir algún día en paz, en el lugar de la patria que cada uno elija, sin el temor a la metralla o a la cuchilla.

            ¡Qué diferencia!

            Es imposible dejar de comparar ese Informe, las palabras de sus responsables y los mensajes finales, con el triste espectáculo de la mal llamada “Comisión de la Verdad” que organizó el líder del circuito coca cocaína Evo Morales, como una de sus tantas tramoyas.

            Una comisión conformada por los militantes más fundamentalistas del Movimiento al Socialismo, cerrada en sí misma, opaca, casi clandestina. Ahí fueron pocos los que realizaron un trabajo profesional, por lo menos para organizar los documentos que ya estaban anteriormente en oficinas públicas. Por lo demás, ningún avance.

            Ahí sobresalía el abogado movimientista que estuvo implicado en delitos de secuestro y de drogas con un salario de dos mil dólares; cubanos “voluntarios” que accedían a los archivos sin que hasta ahora sepamos por qué se los contrató, para qué, qué copias de llevaron de los Kardex de ciudadanos bolivianos.

            A diferencia del trabajo de los colombianos (o de otros latinoamericanos en su momento), la “Comisión” boliviana nunca intentó encontrar la verdad sobre el asesinato de líderes políticos y sindicales ni encontrar a los culpables. Sobre todo, nunca estuvo en su proyecto ayudar a la reconciliación nacional. Todo lo contrario.

            Ese mamotreto que presentaron ante sus propios jefes políticos fue sola una escena de la Gran Mentira que vive Bolivia desde hace años. Cada día un capítulo más: golpe de estado, lucha contra el narcotráfico, intromisión extranjera, reforma judicial.

            Un verso que avanza por muchos medios de comunicación, sobre todo radiales, al servicio del MAS. Lo más patético, ocupa los textos escolares de historia con el acento en el odio racial. Aparece en salas de museos o en libritos de Evito y el mar.

            El Informe de la Comisión de la Verdad colombiana, por lo contrario, rescata la Memoria. No revive muertos ni sana las heridas abiertas, pero prepara un nuevo futuro.

 

 

           

viernes, 20 de diciembre de 2019

RECUPERAR LAS INSTITUCIONES



            Esta semana se conmemoraron dos fechas históricas para la humanidad: el 9 de diciembre está dedicado a reflexionar sobre el estado de situación de la transparencia y del buen gobierno; es un resultado de la firma de la Convención de lucha contra la corrupción de las Naciones Unidas (2005). El 10 de diciembre se recuerda el Día Internacional de los Derechos Humanos en alusión a la declaración firmada en 1948 y a otros instrumentos regionales acordados en el último medio siglo.
            Ambas referencias encuentran a las entidades estatales dedicadas a estos asuntos en uno de sus momentos menos eficientes desde que Bolivia firmó las convenciones y comenzó a implementarlas.
            La lucha contra la corrupción ni siquiera cuenta con una ley de acceso a la información pública. Sólo el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela no sancionaron esa normativa que previene los desvíos de fondos.
            Desde 2006, el Movimiento al Socialismo (MAS) optó por politizar las tareas de transparencia y por perseguir a los opositores usando el pretexto de la corrupción. José María Bacovic acorralado por Patricia Ballivián o Roger Pinto cercado por Nardi Suxo hasta acelerar sus muertes son un ejemplo.
            El Ministerio dedicado a ese fin se desmoronó igual que otras iniciativas de estos 14 años. Sin embargo, hay asuntos aún más oscuros como el uso de información privada que debería estar custodiada en el SERECI y aparentemente fue difundida en estos días por personal vinculado al viceministerio de Transparencia. Hay sospechas de que desde el propio Ministerio de Justicia se auspició la manipulación de votos el 20 de octubre.
            Otro instrumento que debió servir para el gobierno electrónico fue empleado para el seguimiento y control a los ciudadanos y, según denuncias, también para el fraude. El director de AGETIC, Nicolás Laguna Quiroga, sociólogo masista, fue uno de los primeros en ocultarse después de la renuncia de Evo Morales.
            En el aspecto de la defensa de los derechos humanos el panorama es igualmente desolador. La Defensoría del Pueblo fue ocupada por un hombre acusado de violencia contra las mujeres. Actualmente están ahí militantes que defienden a su partido, no a la población. Nadia Cruz no es independiente y su hoja de vida está marcada la relación con los sectores represivos del MAS. Peor el caso de Teresa Zubieta y sus acciones violentas contra activistas de derechos humanos.
            La Comisión de la Verdad usó sus instalaciones para albergar reuniones políticas con diferentes personeros del ala criminal del MAS. Entregó el área de comunicación a extranjeros y permitió que forasteros- quizá de la inteligencia de otro país- revisen los expedientes de los perseguidos bolivianos.
            La única tarea profesional fue la de personal contratado, algunos pasantes, para organizar los archivadores que ya habían sido recuperados en 2005. Es el único informe que entrega en dos años y después de largo silencio. Datos de víctimas no de victimarios.
            Edgar Ramírez se aferra a su puesto de director (igual que como archivista de COMIBOL, donde ya deberían trabajar los jóvenes entrenados en las nuevas técnicas) sin reconocer que se dedicó más a declarar duramente contra candidatos opositores en vez de investigar documentación sobre los responsables.
            Ojalá que el Ministerio de Justicia asuma roles más activos y orden una auditoría forense que permita conocer en profundidad qué pasó con estas reparticiones.
           

viernes, 11 de octubre de 2019

LA COMISIÓN QUE NUNCA FUE


            Este agosto se cumplieron dos años de la conformación de la llamada Comisión de la Verdad, la cual debería investigar casos de violación de Derechos Humanos desde 1964 a 1982, los dieciocho años de dictadura militar. La Comisión no entregó informes del avance de su trabajo. Su página web es un collage de noticias externas, fotos posando con ministros, aparte de discursos contra los partidos de oposición porque cuestionan al TSE.
            La Ley 879 de 231216 aprobó la existencia de esta instancia para “esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos”.
            La Comisión debería estar conformada por cinco miembros sin remuneración, elegidos en función a su “acreditada imparcialidad, capacidad profesional, ética e integridad personal”. Acto seguido se posesionó a un grupo de masistas, entre ellos Eusebio Gironda, quien nunca aclaró su rol en el reconocimiento del supuesto hijo de Evo Morales; renunció poco después.
            Otros fueron funcionarios del régimen como Nila Heredia quien además trabaja fuera del país y por tanto no se conoce cuál es su aporte real al trabajo investigativo de la Comisión que debería acumular documentos, incluso clasificados en los archivos militares, recoger testimonios, visitar antiguas prisiones políticas o casas de seguridad clandestinas.
            La participación indígena se resume a la presencia de un antiguo dirigente campesino que presidió en su momento la comisión de ética del partido de gobierno. El Director Ejecutivo es otro exfuncionario, defensor de Evo Morales y particularmente de Álvaro García Linera.          Por ello, la iniciativa que aparecía como una respuesta a una larga demanda nació con el estigma que acompaña casi todas las oficinas públicas desde 2006: politización, alienación con el partido, falta de visión técnica.
            La Comisión tuvo un par de apariciones ante la opinión pública y más tarde silencios prolongados. No está claro su financiamiento y por qué sus funcionarios no realizaron declaración jurada de bienes y rentas como todos los demás servidores públicos, por qué el Banco Central le entrega computadoras (¿?).
            Además, la Comisión no realizó acciones de acercamiento a la original Asamblea de Derechos Humanos, a una de las testigos clave como es Amparo Carvajal, tampoco intentó trabajar con miembros de las iglesias que acompañaron en su tiempo a presos políticos y muchas veces fueron las únicas voces de denuncia.
            A ello se suma la política chavista del gobierno masista de mimar a los militares con jubilaciones del 100 por cien, donaciones de alimentos, entrega de edificios en zonas residenciales, nombramientos en el exterior y mutuas loas. En catorce años no hubo un solo intento serio de conseguir testimonios o documentación, ni siquiera las listas del personal que estuvo en la Central Obrera Boliviana el 17 de julio o en la calle Harrigton el 10 de enero.
            El cherry es que merodea por la Comisión asentada en Sopocachi un antiguo drogodependiente, delincuente común, barnizado de político (un tiempo como guerrillero, otro tiempo publicando un libro alabando a Víctor Paz) y hasta de poeta, conocido por realizar trabajos sucios para altos capos.
            Es obvio que nadie va a entregar ahí pruebas de algo o contar lo que sabe.
            Otra burla típica del MAS, bombos y platillos en el acto de posesión, fracaso en lo demás.
           



viernes, 4 de mayo de 2018

UNA COMISIÓN A TROPEZONES


            Escribió Luis Oporto, funcionario de la vicepresidencia del Estado Plurinacional, hace dos meses, que la entrega de documentos a la Comisión de la Verdad “era un acto de trascendencia histórica”. Parecería que hay una tendencia en el gobierno masista de calificar cualquier actividad como “histórica”.
            Los archivos entregados están en el Archivo y Biblioteca del Congreso desde que hubo gente que sí investigó sobre la dictadura de Hugo Banzer- como son los expedientes del Juicio de Responsabilidades iniciado contra éste por el entonces diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz- y el proceso contra Luis García Meza con datos recopilados por Juan del Granado y otros.
            Aparecen muy simpáticos en la foto el autor de la nota y miembros de la llamada comisión para la “Memoria, Justicia y Reparación”. Todos ellos ligados al Movimiento al Socialismo y sólo uno con experiencia en investigación académica, documental y de archivos, el exdirigente minero, Edgar Ramírez.
            De los otros miembros nombrados a dedo el 21 de agosto del año pasado, para dar cumplimiento a la Ley 879 de 2016, no existen antecedentes en ese sentido. Isabel Vizcarra es una activista sin formación en metodologías de la investigación. Eusebio Gironda es un abogado que ejerce como tal y también escribe libros, pero anulado para formar una “comisión de la verdad”, después de negarse a dar la preciada información que posee sobre el escándalo de la amante del primer Mandatario, Gabriela Zapata. El dirigente Teodoro Barrientos tampoco aportó anteriormente con indagaciones. Nila Heredia ha fracasado en los otros puestos que le dio el MAS, como ministra de Salud, como interventora de COTEL, como subalcaldesa de la gestión de Omar Rocha en La Paz.
            Al crear una Comisión para investigar crímenes de las dictaduras militares, el gobierno daba respuesta a una demanda de los familiares de víctimas y familiares de asesinados o desparecidos por causas político- sindicales entre 1964 y 1982. Otros intentos fallaron. La idea más reciente la impulsaron miembros de esas organizaciones que luego denunciaron al gobierno por copiar su propuesta a la vez que los dejaba de lado.
            Aunque había que darle el “beneficio de la duda”, hubo desconfianza sobre la eficiencia de ese grupo de trabajo, desde que fue nombrado. Se ignoró a quienes podrían realmente dar un informe original y no repeticiones, como el abogado Juan del Granado o Amparo Carvajal y militantes de Derechos Humanos que no sean sólo de La Paz.
            Murió Luis García Meza sin ser interrogado, salvo por un ex funcionario de Régimen Penitenciario que aprovechó su condición para redactar un libro. Murió sin ser dado de baja, en cárcel privilegiada o fuera de ella casi siempre, gozando de una fortuna que se traducía en caballos de carrera, inmuebles, cuentas bancarias.
            Murió protegido por las Fuerzas Armadas, las mismas que apoyaron las dictaduras y que ahora cogobiernan con el MAS, las mimadas del proceso de cambio. Difícilmente dirán que pasó con Quiroga Santa Cruz, con Carlos Flores y tampoco qué pasó en el Hotel Las Américas. El funcionamiento del Departamento de Inteligencia continúa como hace cincuenta años.