Escribió Luis Oporto, funcionario de
la vicepresidencia del Estado Plurinacional, hace dos meses, que la entrega de
documentos a la Comisión de la Verdad “era un acto de trascendencia histórica”.
Parecería que hay una tendencia en el gobierno masista de calificar cualquier
actividad como “histórica”.
Los archivos entregados están en el
Archivo y Biblioteca del Congreso desde que hubo gente que sí investigó sobre
la dictadura de Hugo Banzer- como son los expedientes del Juicio de
Responsabilidades iniciado contra éste por el entonces diputado Marcelo Quiroga
Santa Cruz- y el proceso contra Luis García Meza con datos recopilados por Juan
del Granado y otros.
Aparecen muy simpáticos en la foto
el autor de la nota y miembros de la llamada comisión para la “Memoria,
Justicia y Reparación”. Todos ellos ligados al Movimiento al Socialismo y sólo
uno con experiencia en investigación académica, documental y de archivos, el
exdirigente minero, Edgar Ramírez.
De los otros miembros nombrados a
dedo el 21 de agosto del año pasado, para dar cumplimiento a la Ley 879 de
2016, no existen antecedentes en ese sentido. Isabel Vizcarra es una activista
sin formación en metodologías de la investigación. Eusebio Gironda es un
abogado que ejerce como tal y también escribe libros, pero anulado para formar
una “comisión de la verdad”, después de negarse a dar la preciada información
que posee sobre el escándalo de la amante del primer Mandatario, Gabriela
Zapata. El dirigente Teodoro Barrientos tampoco aportó anteriormente con indagaciones.
Nila Heredia ha fracasado en los otros puestos que le dio el MAS, como ministra
de Salud, como interventora de COTEL, como subalcaldesa de la gestión de Omar
Rocha en La Paz.
Al crear una Comisión para
investigar crímenes de las dictaduras militares, el gobierno daba respuesta a
una demanda de los familiares de víctimas y familiares de asesinados o
desparecidos por causas político- sindicales entre 1964 y 1982. Otros intentos
fallaron. La idea más reciente la impulsaron miembros de esas organizaciones
que luego denunciaron al gobierno por copiar su propuesta a la vez que los
dejaba de lado.
Aunque había que darle el “beneficio
de la duda”, hubo desconfianza sobre la eficiencia de ese grupo de trabajo,
desde que fue nombrado. Se ignoró a quienes podrían realmente dar un informe
original y no repeticiones, como el abogado Juan del Granado o Amparo Carvajal
y militantes de Derechos Humanos que no sean sólo de La Paz.
Murió Luis García Meza sin ser
interrogado, salvo por un ex funcionario de Régimen Penitenciario que aprovechó
su condición para redactar un libro. Murió sin ser dado de baja, en cárcel
privilegiada o fuera de ella casi siempre, gozando de una fortuna que se
traducía en caballos de carrera, inmuebles, cuentas bancarias.
Murió protegido por las Fuerzas
Armadas, las mismas que apoyaron las dictaduras y que ahora cogobiernan con el
MAS, las mimadas del proceso de cambio. Difícilmente dirán que pasó con Quiroga
Santa Cruz, con Carlos Flores y tampoco qué pasó en el Hotel Las Américas. El
funcionamiento del Departamento de Inteligencia continúa como hace cincuenta
años.