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viernes, 17 de agosto de 2018

SEXO, PODER, MENTIRAS Y FFAA


            El martes 7, en el Paraninfo universitario, la premiada socióloga y valiente luchadora Silvia Rivera denunciaba cómo militares aprovechan trampas sexuales para debilitar a los líderes de organizaciones sociales, sobre todo en espacios estratégicos como el Chaco o la Amazonia.
            Rivera detalló diversos asuntos que muestran la descomposición de las Fuerzas Armadas bolivianas en múltiples casos de corrupción nunca sancionados. Uno de los últimos el involucramiento del excomandante general Tito Gandarillas en el permiso a la oscura aerolínea LaMía (a lo que se pueden sumar el colapso del TAM que no paga impuestos, el fracaso en carreteras como La Paz a Chulumani y sigue un largo etcétera).
            Llamó la atención sobre las poco transparentes actividades de ADEMAF, entidad creada al perfil del capitán Juan Ramón Quintana. Como otros académicos, Rivera desnudó el cogobierno cocalero/chapareño con los generales, un patético escenario que nada tiene que ver con las utopías por las que luchó el pueblo boliviano durante décadas. ¿Qué nos pasa que soportamos tanto?, desafió al auditorio.
            A esa misma hora, 20:12, unos delincuentes (honrados) sacaban de un vehículo parqueado en un burdel de la zona más roja de El Alto una mochilita. Digna de una historia de Alejandro Dumas, cuando pensaban encontrar un celular o como mucho una laptop se hallaron con la medalla de oro y diamantes que el pueblo potosino obsequió al Libertador Simón Bolívar. ¡La corona de la reina!
            Podría ser un argumento cinematográfico si no fuese que la joya es la más importante de la historia boliviana, que su custodio era un militar que estaba ebrio y tan primitivo que no podía posponer sus urgencias sexuales a una misión oficial. ¡Patria o muerte, beberemos! Él es sólo la punta del iceberg del desmoronamiento institucional: un presidente del Banco Central que deja un tesoro bailoteando varios días; tres ministros que se esconden en el silencio; inteligencia que tiene asesores caribeños insólitamente desaparecidos; cadenas de mando sin protocolos mínimos.
            Si aquello parecía miserable, representativo de las caricaturas de lo que se llamó “repúblicas bananeras”, al día siguiente se realizó la farra-da militar que terminó en tal borrachera (y seguramente algo más) que un diputado dejó al desnudo su miembro en pleno aeropuerto internacional de Cochabamba. Un personaje que no pide perdón a su familia y a la población que pagó su pasaje, sus viáticos y su whisky, sino que dice que otros estaban como él y nadie los filmó, que fue pildoreado, que es víctima de las redes sociales.
            Y la cereza, el primer mandatario Evo Morales que al final de la misma fiesta se ríe y vuelve como tantas veces a temas sexuales que parecen obsesionarlo y nombra los atributos eróticos de Iván Canelas que sonríe cómplice como en anteriores ocasiones y anuncia su chaqui y que irá ¡zas cholita! Y Gisela López no dice nada, ni ninguna de las mujeres que tanto reclamaron por una caricatura en un periódico de Alacitas.
            Dicen que los pueblos se merecen a sus gobernantes y así es. Muchos festejan las actitudes presidenciales y él vuelve a insistir en que de borrachito era más cariñosito con las mujeres cocaleras. Y ahora las patotas del MAS no sólo cercan o chicotean, ahora humillan manoseando a las muchachas, más si son periodistas, más si son rubias.
            ¡Salud! Y ese es el proceso de cambio y ese es el líder mundial de los indígenas.
            Así como hay esos acólitos, hay muchos otros bolivianos, entre ellos los militares de honor, que están hastiados de esta descomunal descomposición y sienten asco. Como escribió José Martí, en esos restos de decoro personal siembro mi esperanza.

viernes, 4 de mayo de 2018

UNA COMISIÓN A TROPEZONES


            Escribió Luis Oporto, funcionario de la vicepresidencia del Estado Plurinacional, hace dos meses, que la entrega de documentos a la Comisión de la Verdad “era un acto de trascendencia histórica”. Parecería que hay una tendencia en el gobierno masista de calificar cualquier actividad como “histórica”.
            Los archivos entregados están en el Archivo y Biblioteca del Congreso desde que hubo gente que sí investigó sobre la dictadura de Hugo Banzer- como son los expedientes del Juicio de Responsabilidades iniciado contra éste por el entonces diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz- y el proceso contra Luis García Meza con datos recopilados por Juan del Granado y otros.
            Aparecen muy simpáticos en la foto el autor de la nota y miembros de la llamada comisión para la “Memoria, Justicia y Reparación”. Todos ellos ligados al Movimiento al Socialismo y sólo uno con experiencia en investigación académica, documental y de archivos, el exdirigente minero, Edgar Ramírez.
            De los otros miembros nombrados a dedo el 21 de agosto del año pasado, para dar cumplimiento a la Ley 879 de 2016, no existen antecedentes en ese sentido. Isabel Vizcarra es una activista sin formación en metodologías de la investigación. Eusebio Gironda es un abogado que ejerce como tal y también escribe libros, pero anulado para formar una “comisión de la verdad”, después de negarse a dar la preciada información que posee sobre el escándalo de la amante del primer Mandatario, Gabriela Zapata. El dirigente Teodoro Barrientos tampoco aportó anteriormente con indagaciones. Nila Heredia ha fracasado en los otros puestos que le dio el MAS, como ministra de Salud, como interventora de COTEL, como subalcaldesa de la gestión de Omar Rocha en La Paz.
            Al crear una Comisión para investigar crímenes de las dictaduras militares, el gobierno daba respuesta a una demanda de los familiares de víctimas y familiares de asesinados o desparecidos por causas político- sindicales entre 1964 y 1982. Otros intentos fallaron. La idea más reciente la impulsaron miembros de esas organizaciones que luego denunciaron al gobierno por copiar su propuesta a la vez que los dejaba de lado.
            Aunque había que darle el “beneficio de la duda”, hubo desconfianza sobre la eficiencia de ese grupo de trabajo, desde que fue nombrado. Se ignoró a quienes podrían realmente dar un informe original y no repeticiones, como el abogado Juan del Granado o Amparo Carvajal y militantes de Derechos Humanos que no sean sólo de La Paz.
            Murió Luis García Meza sin ser interrogado, salvo por un ex funcionario de Régimen Penitenciario que aprovechó su condición para redactar un libro. Murió sin ser dado de baja, en cárcel privilegiada o fuera de ella casi siempre, gozando de una fortuna que se traducía en caballos de carrera, inmuebles, cuentas bancarias.
            Murió protegido por las Fuerzas Armadas, las mismas que apoyaron las dictaduras y que ahora cogobiernan con el MAS, las mimadas del proceso de cambio. Difícilmente dirán que pasó con Quiroga Santa Cruz, con Carlos Flores y tampoco qué pasó en el Hotel Las Américas. El funcionamiento del Departamento de Inteligencia continúa como hace cincuenta años.