Esta semana se conmemoraron dos
fechas históricas para la humanidad: el 9 de diciembre está dedicado a
reflexionar sobre el estado de situación de la transparencia y del buen
gobierno; es un resultado de la firma de la Convención de lucha contra la
corrupción de las Naciones Unidas (2005). El 10 de diciembre se recuerda el Día
Internacional de los Derechos Humanos en alusión a la declaración firmada en
1948 y a otros instrumentos regionales acordados en el último medio siglo.
Ambas referencias encuentran a las
entidades estatales dedicadas a estos asuntos en uno de sus momentos menos
eficientes desde que Bolivia firmó las convenciones y comenzó a implementarlas.
La lucha contra la corrupción ni
siquiera cuenta con una ley de acceso a la información pública. Sólo el Estado
Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela no sancionaron
esa normativa que previene los desvíos de fondos.
Desde 2006, el Movimiento al
Socialismo (MAS) optó por politizar las tareas de transparencia y por perseguir
a los opositores usando el pretexto de la corrupción. José María Bacovic
acorralado por Patricia Ballivián o Roger Pinto cercado por Nardi Suxo hasta
acelerar sus muertes son un ejemplo.
El Ministerio dedicado a ese fin se
desmoronó igual que otras iniciativas de estos 14 años. Sin embargo, hay
asuntos aún más oscuros como el uso de información privada que debería estar
custodiada en el SERECI y aparentemente fue difundida en estos días por
personal vinculado al viceministerio de Transparencia. Hay sospechas de que
desde el propio Ministerio de Justicia se auspició la manipulación de votos el
20 de octubre.
Otro instrumento que debió servir
para el gobierno electrónico fue empleado para el seguimiento y control a los
ciudadanos y, según denuncias, también para el fraude. El director de AGETIC,
Nicolás Laguna Quiroga, sociólogo masista, fue uno de los primeros en ocultarse
después de la renuncia de Evo Morales.
En el aspecto de la defensa de los
derechos humanos el panorama es igualmente desolador. La Defensoría del Pueblo
fue ocupada por un hombre acusado de violencia contra las mujeres. Actualmente
están ahí militantes que defienden a su partido, no a la población. Nadia Cruz
no es independiente y su hoja de vida está marcada la relación con los sectores
represivos del MAS. Peor el caso de Teresa Zubieta y sus acciones violentas
contra activistas de derechos humanos.
La Comisión de la Verdad usó sus
instalaciones para albergar reuniones políticas con diferentes personeros del
ala criminal del MAS. Entregó el área de comunicación a extranjeros y permitió
que forasteros- quizá de la inteligencia de otro país- revisen los expedientes
de los perseguidos bolivianos.
La única tarea profesional fue la de
personal contratado, algunos pasantes, para organizar los archivadores que ya
habían sido recuperados en 2005. Es el único informe que entrega en dos años y
después de largo silencio. Datos de víctimas no de victimarios.
Edgar Ramírez se aferra a su puesto
de director (igual que como archivista de COMIBOL, donde ya deberían trabajar
los jóvenes entrenados en las nuevas técnicas) sin reconocer que se dedicó más
a declarar duramente contra candidatos opositores en vez de investigar
documentación sobre los responsables.
Ojalá que el Ministerio de Justicia
asuma roles más activos y orden una auditoría forense que permita conocer en
profundidad qué pasó con estas reparticiones.