Este agosto se cumplieron dos años
de la conformación de la llamada Comisión de la Verdad, la cual debería
investigar casos de violación de Derechos Humanos desde 1964 a 1982, los
dieciocho años de dictadura militar. La Comisión no entregó informes del avance
de su trabajo. Su página web es un collage de noticias externas, fotos posando
con ministros, aparte de discursos contra los partidos de oposición porque
cuestionan al TSE.
La Ley 879 de 231216 aprobó la
existencia de esta instancia para “esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas,
torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como
violaciones graves de derechos humanos, fundados en motivos políticos e
ideológicos”.
La Comisión debería estar conformada
por cinco miembros sin remuneración, elegidos en función a su “acreditada
imparcialidad, capacidad profesional, ética e integridad personal”. Acto
seguido se posesionó a un grupo de masistas, entre ellos Eusebio Gironda, quien
nunca aclaró su rol en el reconocimiento del supuesto hijo de Evo Morales;
renunció poco después.
Otros fueron funcionarios del
régimen como Nila Heredia quien además trabaja fuera del país y por tanto no se
conoce cuál es su aporte real al trabajo investigativo de la Comisión que
debería acumular documentos, incluso clasificados en los archivos militares,
recoger testimonios, visitar antiguas prisiones políticas o casas de seguridad
clandestinas.
La participación indígena se resume
a la presencia de un antiguo dirigente campesino que presidió en su momento la
comisión de ética del partido de gobierno. El Director Ejecutivo es otro
exfuncionario, defensor de Evo Morales y particularmente de Álvaro García
Linera. Por ello, la iniciativa
que aparecía como una respuesta a una larga demanda nació con el estigma que
acompaña casi todas las oficinas públicas desde 2006: politización, alienación
con el partido, falta de visión técnica.
La Comisión tuvo un par de
apariciones ante la opinión pública y más tarde silencios prolongados. No está
claro su financiamiento y por qué sus funcionarios no realizaron declaración
jurada de bienes y rentas como todos los demás servidores públicos, por qué el
Banco Central le entrega computadoras (¿?).
Además, la Comisión no realizó
acciones de acercamiento a la original Asamblea de Derechos Humanos, a una de
las testigos clave como es Amparo Carvajal, tampoco intentó trabajar con
miembros de las iglesias que acompañaron en su tiempo a presos políticos y
muchas veces fueron las únicas voces de denuncia.
A ello se suma la política chavista
del gobierno masista de mimar a los militares con jubilaciones del 100 por cien,
donaciones de alimentos, entrega de edificios en zonas residenciales,
nombramientos en el exterior y mutuas loas. En catorce años no hubo un solo
intento serio de conseguir testimonios o documentación, ni siquiera las listas
del personal que estuvo en la Central Obrera Boliviana el 17 de julio o en la
calle Harrigton el 10 de enero.
El cherry es que merodea por la
Comisión asentada en Sopocachi un antiguo drogodependiente, delincuente común,
barnizado de político (un tiempo como guerrillero, otro tiempo publicando un
libro alabando a Víctor Paz) y hasta de poeta, conocido por realizar trabajos
sucios para altos capos.
Es obvio que nadie va a entregar ahí
pruebas de algo o contar lo que sabe.
Otra burla típica del MAS, bombos y
platillos en el acto de posesión, fracaso en lo demás.