En su
última aparición pública, el Defensor del Pueblo Pedro Francisco Callisaya Aro
se refirió a un sondeo realizado por la institución que él dirige sobre el
aumento de los precios de productos de la canasta familiar. ¿Desde cuándo la
Defensoría del Pueblo reemplaza al Instituto Nacional de Estadística? ¿Cuáles
son sus metodologías de trabajo? ¿Hablar de alimentos es hablar de un derecho
humano? ¿En qué se relaciona con los mandatos de la Defensoría, con su Visión o
con su Misión?
La
respuesta es fácil. El Defensor está extraviado como está el conjunto de esa
entidad desde que Evo Morales, Álvaro García Linera y Juan Ramon Quintana la
utilizaron para sus fines personales, partidarios y oficiales.
Hace
mucho tiempo que la Defensoría dejó de ser un puente de mediación entre el
Estado y la Sociedad Civil. Al contrario, como muy bien graficó el líder de los
cocaleros del circuito ilícito con la cocaína, la Defensoría estaba a su
servicio como otras reparticiones de la administración pública.
En los
últimos tres años el abogado Callisaya llena la portada institucional con sus
fotografías al lado de mujeres indefensas, de niños, de indígenas. Igual sucede
con los Podcast y con otras publicaciones. Autopropaganda personal no
información institucional.
Callisaya
trabajó varios años en la Defensoría. Apoyó al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos entre 2016 y 2017. Esa entidad, tal como
escribimos en otras ocasiones, cerró los ojos para asuntos dramáticos como la
represión en Chaparina. Su representante Denis Racicot actuó permanentemente en
defensa de Evo Morales; incluso en 2019 cuando ya no ejercía en Bolivia y
voceros internacionales amplificaron la narrativa del “golpe de estado”.
Los
documentales de la Defensoría sólo muestran una parte del conflicto post
electoral de ese año sin indagar la actividad de los grupos paramilitares del
MAS y la violencia contra periodistas o contra el exdefensor Waldo Albarracín.
Callisaya
fue parte del desprestigiado Tribunal Departamental de Justicia de La Paz hasta
el año 2021. Fue elegido Defensor por la Asamblea Legislativa Plurinacional con
mayoría masista.
Sucedió
a la interina Nadia Alejandra Cruz Tarifa. Su interinato debía durar 90 días,
pero se quedó tres años. Entre sus actuaciones más polémicas estuvo su
participación en el cabildo en el Chapare, donde arengó a los “hermanos”
cocaleros. Trabajó junto al abogado de Morales Néstor Cox. Sus acciones fueron
asumidas como parcializadas, lo que a la vez provocó reacciones ciudadanas
contra ellos, algunas violentas. La CIDH de la OEA salió en su defensa. La CIDH
fue también considerada parcializada por el MAS. Posteriormente ocupó un puesto
en la administración de Luis Arce como viceministra de Igualdad de
Oportunidades junto con Iván Lima.
El otro
Defensor fue David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma, cuyas actuaciones fueron contradictorias.
Tuvo que renunciar por acusaciones de violencia en el ámbito doméstico. Utilizó
las oficinas de la Defensoría para contar sus infidelidades.
El
último Defensor que intentó mantener la independencia de la entidad fue Rolando
Villena, a pesar de las presiones del propio presidente Morales y de sus
ministras.
En los
últimos 10 años, la institución no cumplió su rol. En cambio, agrandó su
burocracia. Se limita a realizar talleres, a emitir comunicados, a firmar
acuerdos sin lograr incidencia real ni cambios en el aparato represivo gubernamental.
Las
acciones verdaderamente eficientes las cumplen las defensorías de los
municipios que actúan oportunamente para atender casos de violencia contra
niños, mujeres y los abusos policiales y militares.
El
Estado ahorraría muchos ítems.
Tampoco
funciona la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), creada para alentar
la producción y mediar entre productores y consumidores. Otro caso de
burocracia fracasada. Sus responsables no emiten informes reales, en cambio las
amas de casa encuentran que ese rol lo cumple mejor el mercado. Es un asunto
que seguramente será auditado en detalle en la próxima gestión.
El
próximo gobierno encontrará cantidad de papelería, banners, escudos con el
logotipo inventado por los pachamamistas para reemplazar los emblemas
nacionales. ¿Cuánto se gastó? ¿Qué empresas se beneficiaron? ¿Quiénes hicieron
los contratos? ¿Qué dibujante ganó un concurso de méritos? Etc. Etc.
La reestructuración
deberá ser completa en el Ministerio de la (No) Cultura y en la Fundación
Cultural del Banco Central convertida en agencia de la mediocridad. Muchos
funcionarios y consultores apegados al MAS tendrán que buscar otras pegas.