Hace
tres décadas, las organizaciones de los periodistas (empresarios, profesionales,
trabajadores de la prensa), reunidas en Huatajata, declararon que la Ley de
Imprenta de 1925 es Patrimonio del periodismo boliviano. Se comprometieron a
cumplirla en todo su alcance, a defenderla de los permanentes ataques y a
impedir que fuese modificada.
Esas
conclusiones fueron el resultado de varios seminarios y de trabajos de
investigación sobre la normativa promulgada por Bautista Saavedra, un presidente
bipolar que avanzó con leyes sociales al mismo tiempo que reprimía a mineros
(Uncía) y a indígenas (Jesús de Machaca). Desde la Ley Mordaza propuesta por
los banzeristas en 1987 hasta las insinuaciones para pasar a los periodistas a
los tribunales ordinarios, los gremios de la prensa trabajaron intensamente
para entender en profundidad los orígenes, los principios y el alcance de la
Ley de Imprenta. El objetivo era defenderla con base en datos y no por simple
consigna o emotividad.
La
revisión estuvo a cargo de constitucionalistas como Carlos Serrate Reich,
periodistas abogados, periodistas profesionales que analizaban la comunicación
masiva, periodistas empíricos con amplia trayectoria y otros. Lastimosamente no
se cumplió con la idea de tener un afiche pegado en cada redacción para que
todo reportero y editor tuviesen en cuenta sus derechos, pero -sobre todo- los
deberes que establece la norma.
Ese
conocimiento permitió que en las sucesivas revisiones constitucionales y en la
nueva Constitución de 2009, la prensa consiga introducir los artículos que
protegen su trabajo y la libertad de expresión, además de la auto regulación.
Aspecto que no hay que olvidar en el ejercicio diario de la información y de la
opinión.
¿Por qué
los periodistas decidieron mantener la Ley de Imprenta, a pesar de que ya
irrumpían con fuerza las nuevas tecnologías y el contexto de las reformas de
primera y segunda generación parecían calificar de “anticuada” a esta Ley?
La
respuesta es sencilla y a la vez de profunda significación. La centenaria Ley
de Imprenta tiene al menos tres principios que la mantienen vigente y le dan
fuerza para durar otros cien años más, como sucede con la Constitución de
Estados Unidos, guardando las distancias.
La Ley
de Imprenta protege el secreto de la fuente. Este es un asunto que une a los
periodistas del mundo desde el siglo XIX y es motivo de cantidad de casos de
estudio. Una periodista estadounidense prefirió la cárcel a revelar quién era
su “garganta profunda”, el famoso término usado desde el caso Watergate, el más
conocido ejemplo de periodismo de investigación.
Este
secreto merece a la vez un permanente manejo ético dentro de las redacciones
para evitar su mal uso. No faltó el político que declaraba algo
“confidencialmente” para conseguir algún oscuro objetivo. Por ejemplo, avisaba
la renuncia del canciller, cuando en realidad él buscaba ocupar ese puesto. Su
“noticia” reproducida ingenuamente por alguna prensa provocaba lo que él deseaba,
imponer el rumor sobre la verdad.
En cada
caso, el comité editorial debe examinar con cuidado cuáles son las fuentes que
debe proteger el reportero o el editor. Evitar el juego político y el uso que
algún ministro o alguna fracción partidaria quiere provocar con el “off de
record”.
En los
últimos 20 años, el Movimiento al Socialismo (MAS) y sus estructuras dentro del
Poder Judicial han intentado convocar a periodistas en distintos asuntos para
obligarlos a revelar sus fuentes de información, sean orales o documentales, o
como testigos porque cubrieron tal o cual noticia.
La Ley
de Imprenta instruye que ningún delito de imprenta tiene castigo corporal, como
también se ha intentado imponer en estos años. Este es uno de los párrafos más
precarios porque prevé multas que obviamente no son adecuadas. Sin embargo, en
este asunto, una enmienda podría trasladar los montos que propone la Ley a cifras
actualizadas.
Las
multas han sido utilizadas por gobiernos del “socialismo siglo XXI” para
provocar el cierre de medios, sobre todo en Ecuador, Venezuela y Nicaragua. En
Cuba no existe prensa que no sea oficialista. Argentina y Brasil, Chile y
Uruguay, bajo gobiernos izquierdistas, mantuvieron en general el respeto a la
libertad de expresión, a pesar de muchos casos complejos y polémicos.
El
tercer aspecto que defienden los periodistas desde hace un siglo es que en la
Ley de Imprenta los presuntos delitos de imprenta se tramitan en jurados
compuestos por ciudadanos elegidos en cada municipio y no en la justicia
ordinaria. Ese fuero ha evitado en estos años que los regímenes de turno o los
poderes políticos y económicos acallen a la prensa con la amenaza de juicios.
Al mismo
tiempo, es otro de los temas que más se debatieron entre periodistas y abogados
en los seminarios organizados en la Asociación de Periodistas. La Ley de
Imprenta, como otras normas incluyendo la propia Constitución Política del
Estado, no fueron respetadas durante los largos años de dictaduras militares, o
durante la Revolución Nacional.
Como
dirigentes, insistimos en la necesidad de que los gobiernos municipales elijan
ciudadanos notables para poder sortear entre ellos cuando se necesiten los
jurados de imprenta. Es una práctica diferente al resto de los procedimientos
en el orden jurídico nacional.
Algunos
comentaristas opinan que hay que revisar la Ley porque fue aprobada cuando
únicamente existían los impresos. Sin embargo, la Ley está redactada para
adecuarse a otros soportes, como sucedió con la radiodifusión (fundada pocos
años después), la televisión y ahora podría alcanzar a otras tecnologías.
Lo
importante son sus principios inalterables.
En
diciembre de 1917, el matutino “El Diario” reprodujo por varios días (desde el
intento golpista del 5 de ese mes) las discusiones sobre la propuesta de
revisar la Ley de Imprenta de 1900.
El
decano de la prensa nacional publicó en primera plana, en forma de editorial y
como noticias las opiniones de los propios periodistas, del Poder Ejecutivo -que
preparó un proyecto para una nueva Ley de Imprenta- y de las comisiones
camarales. Algunos temas eran los más debatidos: el asunto de los jurados de
imprenta; quiénes deberían ser los responsables de un texto, además del autor
(editor, director, gerente, dueño de la imprenta); la importancia de las
fuentes; el necesario equilibrio entre libertad de prensa y los posibles abusos
de los periodistas. Para ser considerado como tal se propuso crear un registro,
aspecto que la APLP retomó en 1982 hasta que se logró el registro nacional que
luego no fue respetado.
Tanto en
los editoriales como en las consideraciones para la nueva normativa se enfatiza
el asunto del anonimato. Ayer, como actualmente, personas cobardes se escudan
en nombres (perfiles) falsos para poder insultar al adversario político.
“El
Diario” reportó que en ese momento existían 32 publicaciones liberales, de las
cuales 10 eran diarios; y 13 periódicos conservadores, de los cuales dos eran
diarios. Eran editados en las capitales departamentales como en otros lugares
como Baures, Uyuni, Tupiza.
La
prensa boliviana, hasta muy entrado el siglo XX, fue esencialmente política, de
partidos y de fracciones dentro de los mismos partidos. La lucha verbal era durísima,
al punto que decía el editorial de “El Diario”: “el que insulta en privado va a
la cárcel, el que insulta en público llega a la cumbre de la fama”.
El
debate sobre el proyecto duró varios años y superó diferentes gobiernos.
En este 2025,
centenario de la Ley de Imprenta, las asociaciones de periodistas organizan
nuevos encuentros para conocer más y mejor su significado. Sin embargo, falta
indagar en los redactores del Congreso y cómo se logró el consenso para
promulgar la norma que garantiza las libertades democráticas.
Hace
poco, en el prólogo al libro de remembranzas del periodismo de Pedro Rivero
Jordán, subrayé la valentía de este director, quien “une a su voz el coraje de
la memoria”. En él agradezco a su familia y a los dueños honrados de
periódicos, radios y canales nacionales. Pedro y otros propietarios bolivianos apoyaron
en estos años las muchas acciones colectivas de la prensa boliviana arriesgando
inversiones, ganancias, ahorros de varias generaciones para defender la
libertad de expresión.
Nuestro
homenaje mayor es a estos periodistas que resistieron los embates en estos
duros años. Hace pocos días rendía también homenaje a los periodistas decentes
como Mario Castro.
Sin
ellos no hubiese sido posible mantener estas trincheras de libertad de
pensamiento, de cobijar a las diversas voces. El pueblo boliviano entiende que
la vanguardia en defensa de la libertad de pensamiento está acá y con este
portaestandarte se lucha por todos.
Esto es
muy, muy importante. El mundo está en una peligrosa transformación de los
poderes tradicionales. El rol de Elon Musk es un capítulo que hay que analizar
en profundidad. ¿Qué puede hacer la Ley de Imprenta ante estos nuevos imperios
que han borrado las fronteras internacionales? El territorio Facebook es más
grande que tres continentes.
El
despido de Jorge Ramos en Univisión es el prólogo de lo que la prensa libre
enfrentará en los próximos cinco años. Nicolás Maduro y Donald Trump no pueden
soportar entrevistas no pactadas. (Tampoco Evo Morales aguantó sus preguntas).
Ramos denunció hace años que siempre “alguien” se entromete en su celular y en
sus correos.
En el
otro extremo, el asesinato de periodistas palestinos en Gaza y Cisjordania, de
sus hijos, de sus padres, de sus familias, el ingreso de tropas a las
redacciones de canales internacionales es una señal de tiempos muy oscuros para
la prensa.
Ninguna
democracia es posible sin la posibilidad de escuchar al otro. Aunque la
irrupción del internet y de las redes sociales ha desbordado todo equilibrio,
no será con censuras o amenazas cómo se gane esta batalla del siglo XXI.