¿Recuerdan que, al compás de la institucionalización de la sociedad boliviana,
diez empresarios con fe en Bolivia fundaron en marzo de 1990 un tabloide con
características modernas en su formato y en su contenido? Un medio masivo que
adoptó el nombre de un antiguo periódico paceño, “La Razón”, relacionado con
los ideales del liberalismo. En un lustro, alcanzó altos niveles de difusión.
Ese medio dejó de circular en papel en 2024, después de larga agonía y
creciente desprestigio. Crisis a pesar de haber sido el mimado de la publicidad
estatal, regateada durante 18 años al resto de los periódicos de propiedad
privada.
Hace
poco, en julio de 2024, la prensa mundial anunció las acusaciones contra el
grupo francés Thales Air System, investigada en tres países europeos por
delitos de corrupción en la venta de equipos militares a Brasil. El caso
movilizó a 65 investigadores y a fiscales especializados. Es el consorcio que
vendió 13 radares a Bolivia en 2016 en una de las operaciones más ambiciosas
del Ministerio de Defensa bajo una compleja red de empresas para participar en
el millonario negocio; un inversor extranjero admitía en 2019 que él era el
contacto principal.
Se
creó una burocracia específica, con sede en Cochabamba, cuya eficiencia
desconocen los bolivianos. La compra costó al país 225 millones de dólares. Sus
opacas movidas llamaron la atención pues era evidente que los actores
comprometidos, incluyendo una flamante filial boliviana de una empresa
paraguaya, no cumplían una clara competencia.
A lo
largo de los años, los boletines y declaraciones oficiales suman una serie de
contradicciones sobre los pagos, la boleta de garantía, el cumplimiento del
contrato, nunca investigadas por la Contraloría. Es necesario recordar que la
empresa francesa, que tenía sus oficinas en la zona sur paceña, ya era objeto
de sospechas en Argentina desde 2004 por delitos relacionados con la corrupción
de funcionarios públicos, en un esquema parecido al que habría empleado en
Bolivia.
En
marzo de 2018, el vicepresidente Álvaro García Linera felicitaba a las
ferroviarias Oriental y Andina, “sorprendido por las mejoras”. La mayoría de
las acciones de éstas estaban en manos de un grupo chileno en 1996, después de
la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. ENFE fue creada con
la nacionalización en los años cincuenta de los servicios ferroviarios
alentados por empresas inglesas desde el siglo XIX.
El
gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) anunció “nacionalizaciones” de las
empresas estatales capitalizadas en los 90, pero nunca intentó “recuperar” los
trenes. En cambio, las acciones pasaron de Chile a Venezuela, país carente de
la experiencia inglesa/chilena (española).
García anunciaba entonces muy contento que la red de ferrocarriles nacionales
integraría el proyecto del tren bioceánico desde los puertos de Santos de
Brasil a Ilo en Perú, posando junto al nuevo inversor. Una “mirada
geoeconómica”, aseguró. Quizá para consolar al Estado Plurinacional y sus
bloqueos chapareños que dejaron fuera al territorio boliviano de los corredores
viales bioceánicos.
¿Cómo
compiten los trenes en 2024? Existe una página oficial de la EFASA y unos
teléfonos para supuestamente comprar pasajes, pero nadie responde y el gratuito
800 suena siempre ocupado. ¿Para en Uyuni? ¿Va a Guaqui? ¿Cómo colabora con las
exportaciones bolivianas, con el turismo? ¿La pandemia los paralizó? ¿Fue un
mal negocio y los grandes planes prometidos quedaron frustrados? ¿Es igual un
ferrobús que un tren de pasajeros?
Podríamos nombrar al contrato sin licitación para construir el Teleférico
paceño y la participación de empresas que de una y otra manera se relacionaban
con el MAS, como el caso Ettienne, con un largo historial poco transparente
como muestran reportajes en Pando y en La Paz.
En
estas operaciones suele aparecer el nombre de la venezolana Leonor Montiel. Hay
igualmente asuntos relacionados con familiares, amigos paraguayos, diplomáticos
venezolanos.
El
protagonista es el paraguayo venezolano Carlos Gil Ramírez (1956), un inversor
relacionado con el socialismo caviar, primero en la República Bolivariana de
Venezuela, más tarde en el Estado Plurinacional de Bolivia y ahora en España.
En este último país, la presencia de los ricos venezolanos chavistas, pero que
prefieren vivir en los barrios más caros de Madrid (o de Miami o Panamá), ha
descalabrado los precios de las viviendas (casi siete mil euros el metro
cuadrado) y de otros servicios.
¿Cómo
llegó un dentista a ser dueño de una gran cantidad de empresas en varios países
del continente? Gil se encargó de relatar su biografía en una intensa campaña
publicitaria que emprendió hace algunos años frente a los artículos de prensa
que cuestionaban su figura. El lector que hace seguimiento a nombres de las
empresas y de los personajes puede encontrar respuestas y también muchas
preguntas.
En
sus entrevistas, sobre todo a “La Razón” entre 2018 y 2019 (después de la huida
de Evo Morales) se mostraba como víctima de una injusta leyenda negra contra
las millonarias compras que realizó en Bolivia. No tocó los asuntos más
polémicos.
Carlos Gil llegó al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia de la mano
de la diplomacia venezolana que en los primeros años del gobierno de Evo
Morales pisaba con fuerza, (con botas), en el Palacio de Gobierno. Él mismo
relataba la facilidad con la que entraba a reunirse con el presidente cocalero,
aunque su principal escudero fue Álvaro García Linera y su entorno de
operadores políticos.
La
figura de Gil Ramírez se hizo pública en el país cuando adquirió “La Razón” y
“Extra” del grupo PRISA. Siempre negó estar relacionado con la oscura
transparencia de la red televisiva ATB o de PAT y con otros nombres de
presuntos testaferros.
En
2009, la propiedad de Gil fue detallada por antiguos periodistas del medio. Las
denuncias se acumulaban en las mesas de redacción de otros periódicos por la
falta de transparencia. ¿Por qué se esperó a ese ambiente para admitir
públicamente?
Carlos Gil es el tipo de inversor que cuenta con seguridad jurídica en el (NO)
Estado Plurinacional, uno de los trampolines para las nuevas roscas
latinoamericanas (más chinos, más rusos), que disfrutan del neocapitalismo
siglo XXI. Tienen derecho.