Me presto el título de Fiodor Dostoyevski para describir una inédita situación que se vive en Bolivia, donde todos los papeles parecen trucados y se confunden los roles de victimarios y víctimas. “Humillados y ofendidos”, así parecería que desea ver el Movimiento al Socialismo (MAS) a los militares y a los policías bolivianos, seguramente con el plan de Evo Morales para reemplazarlos por “milicias armadas”.
Esa es la estrategia aprendida por
Daniel Ortega y por Hugo Chávez/ Nicolás Maduro para impedir el ejercicio pleno
de las libertades democráticas y controlar violentamente las protestas
sociales. El uso de mercenarios también fue aprovechado por grandes potencias
en diferentes guerras, como en Irak y Siria.
Los milicianos armados no responden
a ninguna legalidad, se esconden en el anonimato, en la masa. No tienen que
rendir cuentas a tribunales, parlamentos, comisiones internacionales. ¿O, acaso
alguien pregunta por esos hombres y mujeres armados que aparecen en fotografías
y redes sociales en los bloqueos del MAS?
Probablemente no es una convicción
del presidente Luis Arce ni de David Choquehuanca, pero sí de los dirigentes de
diferentes organizaciones que protagonizaron los violentos hechos en octubre y
noviembre de 2019 y repitieron su vandalismo en agosto de 2020 para evitar que
llegue el oxígeno a los recién nacidos y a los afectados por la emergencia
sanitaria.
¿Acaso son hechos tan lejanos para
olvidar cómo, en 2015, el expresidente Morales obligó a su guardaespaldas a
atarle los cordones de los zapatos, de rodillas? No existe registro de otro
presidente o presidenta humillando de esa forma a un policía boliviano. Un
botón de una actitud perversa que se reflejó en varios otros momentos.
El mandatario indígena despreció a
los uniformados nacionales para entregar la seguridad del estado a agentes
extranjeros, uniformados o de servicios de inteligencia, que reemplazaron a
militares y policías en sus tareas constitucionales.
Durante 14 años de mandato, la
Policía Boliviana fue usada únicamente para fines políticos y represivos, sin
mejorar su presupuesto ni sus condiciones de trabajo. El gobierno se limitaba a
entregar vehículos comprados a un socio amigo, sin cuidar a la institución
compuesta en su mayoría por personas de origen aimara y quechua.
¿Cómo no iban a rebelarse? Compartí
el indecente rancho que reciben los agentes de tránsito, vi las condiciones
miserables de los guardias en las cárceles, comprobé la permanente
discriminación. Operadores del MAS pintan con cruces las viviendas de humildes
policías para asustarlos, queman sus oficinas, destrozan sus vehículos.
A los militares los obligaron a
corear una consigna ajena a Bolivia, el “Patria o muerte” foráneo. Juan Ramón
Quintana se encargó de borrar promociones, de saltar estatutos, de humillar a
los mejores alumnos. Los incidentes son múltiples.
Un ejemplo por demás cruel fue
someter al general del Ejército boliviano, Gary Prado, a un larguísimo proceso.
No era solamente la acusación jamás probada, sino el maltrato en los
tribunales, sin considerar su edad, su invalidez. Ni San Román se atrevió a
tanto con el héroe del Chaco Bernardino Bilbao Rioja. ¿Venganza?
Los excesos en Senkata y Sacaba se
deben investigar imparcialmente, de lado a lado, así como se debe retroceder al
delito mayor de la candidatura inconstitucional. ¿Quién o quiénes arrojaron la
primera piedra? ¿Por qué tuvo que pasar lo que pasó?