Está en el despacho del presidente
del Senado, José Alberto Gonzales para la revisión en esa cámara el proyecto de
Ley Nr197/2017/2017 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción,
presentado por el Ministerio de Justicia y Transparencia y tramitado por la
Cámara de Diputados.
Dicho proyecto es un esfuerzo más del
Estado Plurinacional ante sus fracasos sucesivos para prevenir delitos contra
la administración pública, mientras una de las herramientas más eficientes como
el Acceso a la Información Pública no puede convertirse en ley en once años del
proceso de cambio.
El documento elaborado bajo el
liderazgo de Héctor Arce consta de 30 artículos y varios otros de carácter
transitorio para cambiar artículos de la Ley de Lucha contra la Corrupción,
Enriquecimiento Ilícito e investigación de fortunas (2010) y la Ley de
Participación y Control Social (2013).
El proyecto detalla las atribuciones
de las unidades de transparencia que funcionarán en todos los niveles del
estado, sus modalidades según la población (municipios menores a 30 mil
habitantes), las tareas que deberán cumplir, cómo gestionarán las denuncias,
cómo se harán los seguimientos y cómo se llegarán a las posibles sanciones. En
una primera mirada, el proyecto parece aplicable y complementario a otras
normas.
Sin embargo, llama la atención que
los legisladores no hubiesen comentado otros asuntos claves en la prevención de
la corrupción. En primer lugar, está la forma de selección de sus responsables.
Se dejó de lado la absurda idea de que sea el presidente del Estado
Plurinacional el que los designe, pero se da la atribución a la Máxima
Autoridad. Justamente este cargo, como todos los de la Administración Pública
que no son de libre nombramiento, debería ser ocupado con base a concurso de
méritos y previa convocatoria.
Uno de los peores obstáculos del
actual gobierno en sus deseos de superar los hechos de corrupción es el
desorden en los nombramientos y la desinstitucionalización, contraria a los
compromisos adquiridos por Bolivia al firmar las convenciones internacionales
contra la corrupción. En la etapa democrática se logró la independencia de las
unidades de auditoría interna para que respondan directamente a la Contraloría
de la República. La interrupción de esa práctica y la politización del
organismo de control son una de las explicaciones por el cúmulo de hechos de
corrupción que enlodan actualmente a la administración central.
El proyecto no prevé niveles de coordinación
entre las tareas de auditoría y de transparencia. Mientras siguen las denuncias
sobre los daños económicos al Estado.