MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA: DE BOLIVIA
En la última década el Ministerio de
la Presidencia de Bolivia ha concentrado el poder económico, al encargarse de
repartir dinero a través de programas asistenciales dentro o no del programa
social y de desarrollo del estado; y el poder político, al juntar las tareas de
vocero, de primer jinete en la arremetida contra “el imperio”, contra los
políticos ajenos al partido oficial y contra la prensa.
Sin embargo, no siempre fue así. Una
visión rápida al pasado nos permite comprender que en la historia de la
República de Bolivia, el Ministerio de la Presidencia- con diferentes nombres-
cumplió más bien el rol inverso, el de crear puentes de relacionamiento interno,
con el Poder Legislativo, con los otros partidos, las instituciones y la
sociedad civil.
Sobre todo en la etapa democrática
iniciada en 1982. Los gobernantes fueron muy cuidadosos para elegir a su “room
made”, es decir al secretario/ministro que los acompañaría “cama adentro”, al
del “rancho” compartido. Destacan figuras como Gustavo Fernández, culto,
internacionalista, académico, capaz de proteger a Jaime Paz Zamora, sin
necesidad de insultos ni encargando documentales a algún corresponsal
extranjero.
Uno de los ministros más
emblemáticos en esa cartera fue José Guillermo Justiniano, quien cumplió una
gestión de relacionamiento con la sociedad civil y de coordinación entre los
ministros con una visión de largo plazo, dentro del Plan de Todos (1993-1997).
Su trabajo, más silencioso que estrepitoso, lograba desarmar conflictos
sociales a través del diálogo en el propio Palacio de Gobierno. Sobre todo
evitaba la exposición innecesaria o sobre exposición del Presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada. Por ello, en esos años de modernización del Estado, se pensó
que el puesto era el germen de un futuro cargo de Primer Ministro, en una
democracia más parlamentaria que presidencialista. Mauro Bertero fue el rostro
amable del gobierno constitucional de Hugo Banzer.
Tampoco se puede olvidar a Salvador
Romero P., extraordinario profesional, que aceptó el cargo de Secretario
Ministro en medio de la grave crisis de 1979. Su leal actuación en defensa de
la vida y del honor de la Presidenta Lidia Gueiler, durante el golpe militar de
1980, están certificados por múltiples testimonios.
Personalmente conocí el trabajo
incansable de José Galindo en el gobierno de ciudadanos que encabezó Carlos
Mesa (2003-2005) afrontando un complejo momento político. La cara opuesta de su
antecesor Carlos Sánchez, quien inició el rol de confrontación en esa cartera.
ANTECEDENTES
INSTITUCIONALES
Los antecedentes institucionales del
Ministerio de la Presidencia se remontan a la Primera Ley de Organización
Política y Administrativa, firmada en 1888, es decir dentro de la primera etapa
de estabilidad política y crecimiento económico, cuando se consolidó el Estado liberal. En ese instrumento legal se
nombra a un "Oficial Mayor", como el encargado de sentar en un libro
especial de actas los acuerdos del consejo de gabinete.
Aunque no encontramos la resolución
legal, en los años 40 existía la figura del Secretario General de la
Presidencia, más administrador que político y quien se encargaba de organizar
la agenda del Presidente y de algunas tareas de coordinación. Algunos
testimonios recuerdan el rol de mediación que cumplía esta persona para que se
den audiencias presidenciales por diferentes motivos.
Recién en 1970, casi un siglo después
del primer ordenamiento del Poder Ejecutivo, dentro del ciclo militar del
Capitalismo de Estado, se aprobó mediante Decreto Ley 09195 la "Ley
General de Bases del Poder Ejecutivo."
En esa ley se formalizó el cargo de
Secretario General de la Presidencia de la República, el mismo que "será
desempeñado por un Secretario General con rango de Ministro que tendrá a su
cargo la coordinación de todas las actividades de la Presidencia de la
República y del Consejo de Ministros, la coordinación de las disposiciones
legales relacionadas con el Poder Ejecutivo y, la orientación y control de los
procedimientos de documentación y archivo".
Dos años más tarde, durante otro
gobierno de facto que concentraba el poder, se aprobó el Decreto Ley 10460
"Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo".
En esa norma se nombraba a un
Ministerio de Planeamiento y Coordinación de la Presidencia de la República.
Ese mismo instrumento creó un sistema de gobierno con base en cuatro consejos
que se interrelacionaban, de los que el más importante fue el Consejo Nacional
de Coordinación y Planeamiento, CONEPLAN.
Otros artículos normaban el rol del
Secretario General, quien además de las funciones de coordinación interna,
debía organizar el órgano central del sistema jurídico, la documentación y el
Archivo.
El D.L. 11353 de 1974 transfirió esas
funciones al Ministerio de Planeamiento y Coordinación, pero semanas después
otro decreto volvió a crear la Secretaría General de la Presidencia, con
funciones poco claras por sobreposiciones con el Ministerio de Planeamiento y
Coordinación.
En 1981, el D.L. 18633 reformuló la
Secretaría General de la Presidencia de la República con rango de Ministerio,
con las tareas de coordinar el Consejo de Ministros y canalizar los asuntos
pendientes.
Ese mismo Decreto-Ley creó la
subsecretaría de la Presidencia de la República y la Dirección Jurídica en
Materia Agraria y la Administrativa, además del Departamento de Administración
de la Secretaría General, la Dirección del Archivo General y la Gaceta Oficial.
A los pocos minutos de la posesión
presidencial, en 1989 se firmó el primer decreto presidencial 22292, para
modificar expresamente la denominación del Ministerio de la Secretaría General
de la Presidencia por la de Ministerio de la Presidencia, "que tendrá las
subsecretarías necesarias para el cumplimiento de sus fines". Se encarga a
una futura redacción de reglamento interno la organización del Ministerio.
Además de la coordinación interna,
el nuevo Ministro debía realizar gestiones y misiones especiales encomendadas
por el Presidente.
Es importante notar la gradual
importancia política del puesto, desde su inicial tarea de secretario de actas
a la coordinación interna y luego como responsable de las misiones especiales
del Presidente de la República, hacia el exterior del Estado.
Informalmente, de acuerdo a la
memoria oral y a recortes de prensa de diferentes épocas, el antiguo Secretario
General adquirió características de vocero de la Presidencia, y del gobierno,
tarea no especificada legalmente, pero que aportó para aumentar el peso
político del cargo.
El diseño del "Plan de
Todos", la conceptualización del Desarrollo Sostenible, y la formalización
del nuevo estado regulador y de sus tareas explicitadas por el PDGES,
precisaban de un nuevo ordenamiento de las funciones dentro del Poder Ejecutivo,
cuyo principal motor era la nuclearización acorde con la nueva política
integral.
El Ministerio de la Presidencia era
el rostro más visible de la modernización del estado desde 1993 al 2005 y de
los procesos de participación popular y de descentralización administrativa.
Tradicionalmente también se ocupó de mantener el Archivo que en general es la
memoria de cada gobierno desde 1825, otrora abierto a los ciudadanos que
querían investigar ahí.
Por eso fue también una cartera con
personal de carrera, otras convocadas por el Servicio Civil y sólo un puñado
era de libre nombramiento.
ATRIBUCIONES
ACTUALES
El Ministerio de la Presidencia en
el Estado Plurinacional de Bolivia cumple un rol también articulador con la
sociedad civil, específicamente con las “organizaciones sociales” (D.S. 29894),
a las cuales se socializa y comunica las políticas oficiales.
Entre sus competencias está instalar
y construir capacidades institucionales ejecutivas en cada departamento
mediante gabinetes territoriales para fortalecer la “articulación de políticas
públicas en diferentes niveles”.
El actual ministerio tiene trece
objetivos estratégicos y se propuso en la pasada gestión 28 objetivos
relacionados sobre todo con la idea de negociar y articular.
Su Visión es: “En 2017 somos una
institución moderna, eficaz, eficiente, transparente y estratégica en la
construcción del Estado Plurinacional comunitario e inclusivo con
organizaciones sociales empoderadas en el proceso de cambio, que utiliza
mecanismos de negociación, comunicación, articulación y coordinación fluidas en
el seguimiento, evaluación y socialización de resultados entre Estado y
Sociedad en cuanto a políticas económicas y sociales, reconocida por la
población boliviana y por sus servicios de calidad en la búsqueda del vivir
bien”. Posteriormente se agregó la frase “y la construcción de la patria en el
marco de una plataforma de gobierno electrónico.”
A fin de año, podremos evaluar si
esta Visión fue cumplida o no y cómo avanzó el Plan Estratégico Institucional
2013-2017. Algunas pistas ya aparecen, por ejemplo el Plan se proponía como
primer asunto “mejorar el acceso a la información”; sin embargo no hay acciones
para permitir aquello. De hecho, por ejemplo, la polémica Unidad de Gestión
Social no tiene página web, o por lo menos no se puede abrir desde hace meses.
Tampoco está el nombre del responsable de la Unidad de Transparencia y el
trabajo de ésta, mucho menos cómo pasó lo que pasó en los manejos de Gabriela
Zapata. Tampoco se conoce qué hace a Unidad de la “revolución institucional” ni
qué avances tuvo la “Representación Presidencial de los Ayllus en Paz”.
Lo que no pudimos encontrar en ningún
documento oficial del MINPRE, ni en sus objetivos de gestión, qué unidad y bajo
qué presupuesto se ubica la contratación directa de extranjeros para realizar
documentales sobre la historia de la relaciones con Estados Unidos (qué dice la
Cancillería?) y contra medios y periodistas bolivianos. ¿Es ésta la gestión por
resultados que prevé la Ley SAFCO y suscribe el MINPRE?
(Con
base en documentos originales del Ministerio de la Presidencia).