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viernes, 5 de diciembre de 2025

CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS

 

            Es la víspera de la conmemoración de dos fechas de profundo significado para la búsqueda de mejores días para los seres humanos: el 9 de diciembre se celebra el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción y el 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.

            La primera fecha fue aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas después de la firma de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en diciembre de 2003, la cual entró en vigor en 2005. Bolivia asistió a los debates con un equipo solvente de diplomáticos y de técnicos. El Congreso, conformado entonces por una mayoría de parlamentarios liberales, ratificó el instrumento, así como había firmado en 1997 la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), la primera a nivel hemisférico.

            América Latina alentó la normativa para la prevención, detección y lucha contra la corrupción porque ese agujero negro -en gran parte herencia de las dictaduras militares- se había convertido en la principal causa del fracaso de los planes de desarrollo. Algunos casos extremos como en Perú y en Ecuador alentaron a ambos a convocar a una convención específica.

            La CICC desarrolló, además, rondas complementarias para implementar algunas medidas de prevención: el Acceso a la Información Pública como derecho ciudadano; la difusión de los contratos y pagos en todos los niveles del estado; la Declaración Jurada de Bienes y Rentas antes, durante y después de ejercer cualquier cargo público y otras.

            La implementación de las dos convenciones en Bolivia tuvo avances y profundos retrocesos desde 2005 porque su coordinación estuvo a cargo de personajes insolventes, ignorantes y altamente politizados. Se archivó el Estatuto del Funcionario Público que firmó Jorge Quiroga para alentar la meritocracia, cuando la vicepresidencia se ocupaba de mejorar la administración pública y fomentar la independencia de la Contraloría.

            La corrupción tiene dos puntas: alguien/es desde el Estado y un particular o una empresa privada. Los dueños de empresas, casi siempre de las inventadas a último momento para participar en una licitación, suelen quedar en la impunidad.

            La hermana siamesa de la corrupción es la violación de los Derechos Humanos. En muchas normas ambas se complementan. El Estado es el perpetrador, según exponen cada uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos firmada el 10 de diciembre de 1948, como resultado de la Segunda Guerra Mundial.

            Un gobierno que implementa la Constitución y respeta las leyes difícilmente es un gobierno que persigue a quienes piensan diferente, a los periodistas, a los sindicalistas, a los escritores. Al contrario, los gobiernos/estados más transparentes gozan de amplia libertad de prensa, elecciones confiables, separación de poderes, Estado de Derecho.

            En cambio, los regímenes que encarcelan a los opositores, que asesinan a líderes sociales, que clausuran periódicos, que alientan guerras y conflictos suelen mantenerse porque corrompen su entorno y conviven con mafias y el crimen organizado.

            Existen muchos ejemplos en el globo. Entre los peores está la Rusia de Vladimir Putin. Aunque muchos historiadores miran a su gobierno como el último esfuerzo de una nación envejecida que se cae a pedazos, el costo es inmenso.

            La invasión a Ucrania afectó a todos, aunque el poco cerebral Rogelio Mayta nunca se dio cuenta de ello. Gran parte de la crisis económica mundial está relacionada con esa acción bélica, así como el aumento del armamentismo y el gasto en defensa, que desvía los antiguos fondos destinados a la cooperación.

            Los jóvenes soldados, el pueblo y las madres ucranianos no sólo defienden la integridad de su territorio, su soberanía y su dignidad, sino a toda la humanidad. La caída de Ucrania puede ser el final del mundo que conocimos las generaciones nacidas después de 1948.

            En el otro extremo, Estados Unidos dejó de ser una referencia de respeto a los Derechos Humanos, como se autodefinía. La administración de Donald Trump ha desencadenado las furias contrarias al pensamiento de quienes alentaron el entendimiento entre los hombres como León Tolstoi, Stefan Zweig, Hermann Hesse, Romain Rolland, Mohandas Gandhi. El abrazo de Konrad Adenauer y Robert Schuman y los otros líderes europeos en 1951 está cercado.

            Cada día que pasa, Putin y Trump, Trump y Putin dan un paso más al estropicio, al enfrentamiento, al enriquecimiento de grupos de poder. Distraen los esfuerzos de gobiernos que desean solucionar los otros dramas actuales como el deterioro del planeta.

            El panorama no es más alentador en el subcontinente y en el Caribe. El rotundo fracaso de la izquierda como administradora es menos decepcionante que su rotundo fracaso en el respeto a los Derechos Humanos, que antes reclamaba. Ni es reserva de la Humanidad, ni Hombre Nuevo, ni decoro personal. El 2025 será recordado como el final de un ciclo que enterró las utopías ingenuas.

           

               

viernes, 26 de marzo de 2021

IGLESIAS, DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA

 

           En los últimos días, voceros y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) vuelven a hostigar, a amenazar y a intentar descalificar el trabajo de las iglesias cristianas en Bolivia, principalmente el de la Iglesia Católica. Se replica una práctica común de la anterior gestión gubernamental del MAS. 

            Los argumentos son reiterativos, parecen poco reflexivos, incluso entre intelectuales de otros países, donde ha llegado la amplificación de ese discurso. Se remontan a la presencia de los sacerdotes durante la conquista y la colonia, al rol de los inquisidores hace 500 años y a una visión de la iglesia relacionada con el poder político. La tendencia parece reforzar los discursos binarios simplistas. El coro general continúa hasta la saciedad.

            Sin embargo, se expresa un desconocimiento general del rol histórico de los evangelizadores del siglo XVI, sus varias coincidencias y múltiples diferencias, así como las labores ejercidas por aquellos en la salud pública, la artesanía, la educación y las artes. 

            Tampoco se nombra la presencia tan notable de sacerdotes y conventos en las rebeliones independentistas, desde el norte con el padre Morelos, que marca la fecha cívica mexicana, hasta el cura Muñecas, en Bolivia.

            Asimismo, es importante recordar el rol de las iglesias, principalmente la católica, en la defensa de los derechos humanos en los últimos 70 años.  Sería oportuno que los masistas palaciegos conozcan nuestra propia historia, como bien quiso recordarles Filemón Escóbar con su texto sobre ese tema. 

            Fueron sacerdotes y monjas los que protegieron a los perseguidos, torturados y exiliados durante el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); el partido que inició la represión sistemática y creó campos de concentración y controles políticos.

            Durante las dictaduras militares -especialmente en el periodo de implementación del Plan Cóndor-, la labor de la Iglesia Católica (además de la metodista, luterana, Baptista y otras) fue fundamental para defender los derechos humanos en Bolivia y la región. No sólo fueron personas voluntarias que asumieron esa difícil tarea, sino iniciativas colectivas. 

            ¿Cómo olvidar que las Comunidades Eclesiásticas de Base ayudaron en toda América Latina a proteger a las poblaciones más agredidas? ¿Cómo olvidar a la recientemente fallecida Dianna Ortiz, una monja torturada por la dictadura guatemalteca en 1989, quien no se cansó de denunciar los alcances de su sufrimiento, como violaciones o el encierro en fosas de muertos, mientras ella aún respiraba?  ¿Cómo olvidar su lucha por hacer justicia? 

            En Bolivia, cabe recordar que Justicia y Paz, embrión de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, es obra de los católicos. También, es preciso mencionar que la Pastoral Penitenciaria es la única entidad que visita sistemáticamente las cárceles, enfrentando clanes mafiosos y denunciando los abusos a los presos más indefensos. 

            ¿Se habrán olvidado los líderes del Chapare que monjas, sacerdotes, laicos y pastorales denunciaron en su momento los abusos de la DEA que sufrieron los propios cocaleros? 

            ¿O será que el olvido se inicia cuando se sienten cuestionados por representantes de las iglesias, como Tito Solari, el Padre Mateo y ahora Amparo Carvajal, quien debe soportar diariamente el hostigamiento de simpatizantes del MAS, solo por reprochar la desmedida ambición de poder de su máximo líder? 

            Mientras tanto, el entorno palaciego oficialista se llena la boca de supuestos recordatorios de Luis Espinal. Pero parecen olvidar que él fue un sacerdote jesuita, quien como otros representantes de la Iglesia han luchado por los derechos humanos y la justicia. ¿Será esto último lo que incomoda a sectores del MAS?  

 

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viernes, 18 de septiembre de 2020

D.D.H.H., 40 AÑOS DE RETROCESO


           ¿Gozan Evo Morales Ayma, Álvaro y Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Sacha Llorenti, Héctor Arce del derecho al debido proceso por los presuntos delitos cometidos durante 14 años? Aparentemente no. Esa duda debe preocupar a todos los candidatos que se identifiquen con los principios esenciales de la democracia. El Informe de Human Rights Watch no es superficial ni partidario.

            Cuando el país recuperó el proceso constitucional en octubre de 1982, Luis García Mesa, Luis Arce Gómez, los paramilitares que asaltaron la Central Obrera Boliviana, los asesinos que torturaron a Luis Espinal, los militares que se aprovecharon de las piedras preciosas de La Gaiba fueron investigados, acusados y procesados con todo el rigor de la ley y con el respeto a sus derechos personales.

            La madurez de la democracia boliviana, a pesar de su relativamente corta edad, la solidez de las organizaciones defensoras de derechos humanos, la dignidad de Cristina Quiroga Santa Cruz y de los otros familiares de los mártires, colocaron a los responsables en el banquillo. Esa fue su mayor derrota, gozaron de beneficios que ellos negaron a los demás durante la dictadura.

            No hubo necesidad de pobladas, de excesos, de venganzas, de arreglos turbios para lograr Justicia. El sistema funcionaba, con todos sus achaques, los abogados podían sustentar sus pliegos con base en su conocimiento, como fue el caso de Juan del Granado y de Freddy Panique; también los abogados defensores, los fiscales, los magistrados.

            Funcionaba una sólida cancillería, con personalidades como Karen Longaric, Jorge Balcázar, Jaime Aparicio, decenas de servidores públicos que lograron la extradición de García Mesa, no por afinidades políticas sino por una demanda impecable.

            El andamiaje institucional de los Derechos Humanos era creíble. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuyo embrión fue el movimiento “Justicia y Paz”, funcionaba con activistas voluntarios y con presupuestos mínimos. Inimaginables escenas como las protagonizadas por Teresa Zubieta para apoderarse por la fuerza de sus instalaciones.

            Había un discurso humanista, respaldado fuertemente por las iglesias, la católica, la metodista, la luterana. Parroquias en las ciudades y en el campo, comunidades eclesiásticas de base eran la columna vertebral del compromiso con la causa del ser humano libre y digno. Ahora, esa voluntad está disminuida, casi enmudecida, aún golpeada por tres lustros de persecución con insultos y cercos, algunos violentos.

            Desde 1982, con el paso de la dictadura al gobierno constitucional, el propio estado aumentó sus capacidades para defender los derechos humanos de todos los bolivianos y cumplir con sus compromisos internacionales. No sólo reformas constitucionales y mejoramiento en la normativa como logró René Blatman, sino la creación de la Defensoría del Pueblo. Desde que Morales instruyó que la entidad lo defienda a él, la hizo pedazos. Aun así, Nadia Alejandra Cruz Tarifa debe tener derecho al debido proceso, ahora que se aproxima el final de su usurpación.

            En estos meses, el gobierno ha denunciado varios hechos de violación de derechos humanos, de inmoralidad penada por ley, de corrupción y de ataques a la población, pero no logra darles un sustento suficiente, una base institucionalista por encima de lo político. El enredo, quizá más por incapacidad que por mala fe, puede ser un boomerang. Hasta el peor asesino tiene derechos. Lo contrario es volverlo víctima y dejarlo impune.