¿Por qué la empresa estatal YPFB desplaza técnicos bolivianos para reemplazarlos con venezolanos que perciben salarios superiores a la remuneración del propio presidente del Estado Plurinacional? Mientras destierra a trabajos marginales a especialistas cruceños y paceños por no estar en las listas azules o expulsa a personal experimentado.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos, desde su fundación, fue parte del imaginario de los héroes que
dejaron su sangre en el Chaco. En los años 30, el gobierno envió a estudiantes
bolivianos para que se capaciten y se incorporen en las tareas de exploración y
explotación. Alrededor de ese desafío se desarrollaron figuras como las de Dionisio
Foainini Banzer, fundador de YPFB; Alberto M. Vásquez, becado a Argentina y a
Estados Unidos que regresó a la patria para contribuir a la empresa en sus años
de gloria, pionero en la industria del petróleo y mecenas cultural; o José
Estenssoro Ackerman, especialista cotizado por las otras empresas petrolíferas
del continente.
Seguramente esos ejemplos son
imposibles en Bolivia desde 2006. Sin embargo, cómo es posible que en 15 años tampoco
exista personal capaz de dirigir la Planta de Amoniaco y de Urea ¿Dónde están
los técnicos que supuestamente tenían que ser capacitado por los coreanos para
atender la obra de ¡953 millones de dólares!
En 2017, el ministro de
Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguraba que la planta de la firma
coreana Samsung Engineering Co. iba a cambiar la historia de Bolivia: “el agro,
la economía, el concepto de industrialización”. Sin embargo, los especialistas
y varios periodistas como Humberto Vacaflor cuestionaron desde un principio la
solidez del proyecto, su ubicación alejada de las zonas de agroindustria. Los
problemas comenzaron pronto.
El pasado 6 de septiembre, el
presidente Luis Arce relanzó la planta que estuvo paralizada más de un año,
acusando al anterior gobierno por pérdidas millonarias. Pronosticó que la PAU
es un símbolo de la recuperación económica, un ejemplo del cambio y una garantía
para la seguridad alimentaria. Un mes después voceros de YPFB admitían que la
planta trabajaba con una baja producción por la falta de demanda. Los antiguos desajustes
retornaron y la planta sigue con sus deficiencias originales.
Un decreto firmado por Evo Morales
autorizaba una escala salarial especial para el personal de YPFB en
consideración a la especialización de los operadores. Aun así, los ingenieros
petrolíferos bolivianos ganan un salario muy por debajo de sus pares en el
continente.
En vez de mantener a bolivianos,
YPFB contrata a más y más venezolanos con salarios muy superiores al promedio
nacional. No figuran sus nombres en el portal de YPFB y no se sabe si han
realizado sus declaraciones juradas de ingresos y rentas, como todo funcionario
público, ni qué impuestos pagan ni dónde los tramitan.
Un boliviano con 20 años de
experiencia gana menos de tres mil dólares; un venezolano chavista más de 10
mil; un hindú gana más de 25 mil dólares mensuales, 172, 500 Bs. El gobierno
justificó el contrato porque se necesitaba “tecnólogos” internacionales. ¿Cuándo
publicaron la convocatoria? ¿Cómo los reclutaron? ¿Por qué son venezolanos?
¿Son parte de la descalabrada PDVSA? ¿Qué hacen realmente en el vértice del
circuito coca-cocaína?
Por ello, como sucedió con pilotos
experimentados del LAB y con otros profesionales, muchos bolivianos se van a
dar sus servicios a países lejanos. Es la migración silenciosa que provoca la
política del MAS y sus aliados para vetar a los funcionarios no militantes. ¿Alguien
calcula cuántos especialistas se van cada día?