Algunos
comentaristas citan asombrados el pasado militar de Jaír Bolsonaro, futuro
presidente de Brasil, salvo alguna catástrofe como sucedió con Tancredo Neves
en 1985. Aparentemente, los militares que gobernaron de forma sangrienta y
entreguista a la América morena dejaron el poder con la oleada constitucional,
de la cual Bolivia fue pionera en 1982. Los hechos muestran que, por el
contrario, se mantuvieron detrás del escenario y no aceptaron salirse del
guion, como en Argentina con los Caraspintadas entre 1987 y 1990.
El espectro se
ensombreció con la influencia del boina roja Hugo Chávez en Venezuela, quien
envolvió de militarismo el ambiente político latinoamericano, tanto en el
lenguaje como en la actitud cotidiana (participación de las Fuerzas Armadas en
la reprensión).
En Bolivia, los
militares desarrollaron dos líneas, la institucional que criticó la presencia
de los asesores estadounidenses y el involucramiento militar en tareas
policiales, como también la llegada ilegal de tropas venezolanas y el arribo
inexplicable de aviones desde Caracas. La otra línea, mayoritaria, cogobierna
abiertamente desde 2006. Ambas se benefician de aumentos salariales permanentes,
igual que en los años 70; se jubilan con el 100% de sus salarios.
Su cabecera
principal es un capitán entrenado por los yanquis; destacado funcionario con el
general Hugo Banzer y actual embajador ante Cuba. Juan Ramón Quintana. Su
habilidad como operador político lo sitúa como el Vladimiro Montesinos
boliviano.
Sin él y sin Raúl
García Linera, también de línea militarista, no se explican muchos de los
montajes de fina inteligencia que ya son parte de la historia nacional. Aplicó
estrategias informativas para confundir o maquillar los problemas del gobierno
que consiguieron reemplazar la falta de políticas de comunicación para el
desarrollo.
Son muchos los
militares que ocupan desde hace 12 años embajadas o puestos en empresas de alto
rendimiento económico como BOA o el Teleférico, ambas aprovechadas para hacer
permanente propaganda para Evo Morales, sin respetar ni la normativa ni códigos
de ética.
El negocio del Teleférico, que
también involucra al empresario Carlos Gill, fue entregado a un uniformado sin
antecedentes en transporte masivo ni en planificación urbana. En los últimos
meses, todo un aparato estatal acompaña a César Dockweiler para posicionar su
candidatura a la alcaldía de la Paz. Se cita a dirigentes vecinales para
ofrecer proyectos y de pronto aparece la relación con este militar. Recordemos
que, gracias al aliado de Samuel Doria Medina, Omar Rocha, Dockweiler puede
cortar árboles, ocupar plazas, poner torres donde le dé la gana. ¿Es imaginable
un uniformado de burgomaestre en La Paz?