En este mes, abril de 2025, Bolivia ingresa simultáneamente en el último tramo para festejar el Bicentenario de la organización de la república y en la definición de fechas, candidaturas y listados para las elecciones generales de agosto.
Doscientos
años es un aniversario irrepetible. Hay iniciativas públicas y privadas para
celebrarlo: desfiles, encuentros regionales, publicaciones académicas, seminarios,
conferencias, muchos discursos.
Por otra
parte, las próximas elecciones presidenciales serán las décimo primeras de la
etapa constitucional más larga de la historia: 42 años cumplidos, un semestre y
algunos días. A pesar de muchos sobresaltos y crisis, la democracia sobrevive.
Las tendencias totalitarias no han logrado ahogar el enorme esfuerzo de
sucesivas generaciones, a lo largo y ancho del territorio, para defender el precario
Estado de Derecho
El
presidente del Estado Plurinacional Luis Arce Catacora tiene, en ese contexto,
una de las últimas oportunidades para virar la imagen negativa de su gobierno y
darle un cariz de reconciliación nacional. Puede descomprimir el caldeado ambiente
político -que tanto gravita en la incertidumbre económica- dictando una amplia
amnistía para que los bolivianos desterrados puedan volver a su país sin miedo;
para que las cárceles se vacíen de los presos por causas políticas y sindicales.
Para que los bolivianos celebren la firma del Acta de la Independencia con
libertad, igualdad y fraternidad.
Este
acto de generosidad tiene varias aristas. En el aspecto legal puede convocar a
una comisión de constitucionalistas notables, presidida por el ministro de
Justicia César Siles, para que diseñe una hoja de ruta coherente.
Existen
exiliados desde 2003. Más de dos décadas sin poder retornar a sus hogares; ni siquiera
sus familiares. Es el tiempo de destierro más largo desde 1825. Cifra que
representa la mitad de los años de democracia. ¿Cómo es posible que esto suceda?
¿En qué momento la sociedad ha internalizado ese dato como parte de la
normalidad?
Ninguno
de los presuntos delitos que se les atribuye tendría un castigo tan extenso.
Además, hay personas que fueron forzadas a salir de
Bolivia por el solo hecho de haber sido leales a Gonzalo Sánchez de Lozada,
presidente constitucional. Para los que se rebelaron contra su mandato hubo
perdón.
El otro
grupo más numeroso de presos y exiliados está relacionado con los hechos de
2019. Se castiga el levantamiento pacífico de la ciudadanía contra una larga
lista de irregularidades, agravadas por el desconocimiento del resultado del
referéndum de 2016.
Ningún proceso judicial, un lustro después, pudo probar
que hubo un golpe de estado. Al contrario, el propio gobierno actual denuncia
una serie de mentiras que fueron fabricadas por anteriores autoridades, como la
existencia de un “mar de gas”. Así también se desbarató el inmenso montaje en
torno al llamado caso de terrorismo en el Hotel Las Américas.
¿Qué
pasó en Senkata y en Sacaba, en Montero, en los incendios a casas particulares,
en la quema de buses municipales, en las convocatorias a una guerra civil?
Solamente un debido proceso podrá aproximarse a la verdad y a las
responsabilidades. Será posible cuando existe un poder judicial independiente.
El
apresamiento de la exmandataria constitucional Jeanine Añez, el secuestro del
gobernador Luis Fernando Camacho, la detención de Marcos Pumari en una cárcel
destinada para los presos más peligrosos fueron condenados por organismos
internacionales como violación de derechos humanos.
Existen
presos por protestas sociales, de los cuales el caso de César Apaza de APDECOCA
es uno de los peores. Informes independientes revelan que en el país existen
casi 300 presos políticos, incluso dos menores. La sede de la Asamblea de
Derechos Humanos está cercada por la policía desde hace 20 meses.
¿Hasta
cuándo? El presidente Arce tiene la oportunidad de iluminar ese panorama
sombrío. Un gobierno antiimperialista no necesariamente tiene que ser
autoritario, como ejemplifican Uruguay o Chile.
La
reconciliación nacional y los nuevos pactos serán fundamentales para que el
próximo régimen enfrente la actual crisis. Quien quiera que gane tendrá que
asumir duras medidas económicas. Si el tejido social está más pacificado, podrá
conseguir avanzar. El Bicentenario podrá ser un Jubileo o una bufonada.