Publicado en El Deber
El Presidente Evo Morales anunció
“mano dura” contra los contrabandistas después del asesinato de funcionarios
públicos que apoyaban el decomiso de vehículos ingresados ilegalmente a Bolivia
por la frontera con Chile. Mano dura, más armas, endurecimiento de las penas
por estos delitos.
Sin embargo, poco o nada se dice de
la demanda de los llamados “chutos” que los pobladores contemplan
cotidianamente en zonas rojas como Challapata en el este del Departamento de Oruro
y, sobre todo, en las zonas productoras de coca.
En el Chapare habría que indagar
quiénes compran estos autos, con qué dinero, quiénes son los intermediarios,
cómo llegan desde Sabaya hasta la selva. El
corazón estratégico en la geopolítica continental es un rostro sin ley.
En los Yungas paceños también proliferan
los cocales, no sólo en las zonas tradicionales de Coripata o en La Asunta o en
los sembradíos pequeños que tenían las familias, sino en los cerros, en los
antiguos espacios forestales, en las viejas huertas frutales.
En
Yanacachi, en Chulumani, Puente Villa, en las comunidades y pequeños poblados
no se consiguen naranjas o limas; por ahí asoma alguna plantación de café, y
caen plátanos podridos, crecidos sin prevención de plagas. Las plazas están
invadidas por gremiales que venden todo tipo de plásticos. Los locales de
comida carecen de control sanitario y pululan enjambres de moscas y mosquitos
en los recorridos.
Impresiona en todas las zonas
cocaleras la cantidad de vehículos chutos. Si el Chapare ya es un espacio
capturado por los grupos del para-poder y sin presencia estatal, Sud Yungas
está en el mismo peligro. La Policía Nacional, los agentes de tránsito, y
también los fiscales, contemplan impotentes cómo el más fuerte impone sus deseos.
Un turista puede demorar hasta una
hora en ingresar al centro del pueblo de Chulumani porque hay chutos en todos
los rincones, estacionados al gusto del cliente, con frecuencia con gente ebria
en su interior. Los viejos vecinos ya ni se quejan, “así nomás es”; mientras
los desperdicios cubren el trayecto y los olores alejan toda gana de disfrutar
lo que fue un refugio para nuestros abuelos.
Llama la atención la falta de
normativa en las gasolineras; de hecho, hay más de una construida a medias como
tantas obras de esta década. Los vehículos legales no encuentran combustible en
lunes en la mañana porque los chuteros cargaron todo el fin de semana.
EL
DESARROLLO SALVAJE
Hace algunos años, organizaciones no
gubernamentales con respaldo del gobierno central intentaron mejorar las
condiciones de la vida cotidiana en Los Yungas, la zona que está en el
imaginario paceño como proveedora de cítricos, café, té y de paisajes
paradisiacos.
Hasta los años ochenta, la coca era
un producto más. La represión desmedida- que terminó con el linchamiento de
policías en Chulumani-, las vejaciones a productores de coca y a sus esposas y
familias- la ineficaz política de sustitución de plantaciones y otros intentos,
han dejado a la zona más afectada. Actualmente se murmura del crecimiento de
plantaciones de marihuana, invadiendo inclusive haciendas privadas.
Los antiguos vecinos, los más
letrados, han partido a otros destinos. Los más débiles ven cómo otros toman
sus tierras, sus caseríos.
¿Hacia dónde va ese modo de vida?
En los indicadores de Desarrollo
Humano, de Salud, de Educación, no aparecen mejoras visibles. En cambio, los
poblados han perdido su placidez, su opción de ser grandes ofertas turísticas
como han logrado otros pueblos, como Toro Toro o Curahuara de Carangas.
Una falsa idea de la acumulación
inmediata, del goce diario sin pensar en el futuro, del consumismo como idea de
progreso, y de hacer lo que se quiere sin respetar la norma- siguiendo el
ejemplo de las máximas autoridades- está hipotecando el futuro de los Yungas.
NADIE
INVESTIGA
Es prohibido parquear un vehículo
chuto en la plaza central de Coroico y la Intendenta, una decidida
afroyungueña, toca su pito de advertencia si alguien se atreve a ingresar con
una vagoneta indocumentada. No puede hacer nada más, no es su función
investigar el origen de los vehículos. Sólo quiere que en su pueblo se vea más
orden.
En cambio, en otra capital, la de Sud
Yungas, Chulumani, hay ocho o nueve chutos por uno con placa, cuya legalidad
tampoco es segura porque entre los conductores se prestan esos latones que
sacan y ponen sin dificultad. Es una máscara para poder salir a la ciudad; en
los caminos vecinales nadie controla.
Una profesora maneja su vagoneta
chuta aunque es consciente que es algo ilegal y que es un mal ejemplo. Cuenta
que la compró en U$ 2.000 en frontera y que el mediador la trajo desde Pisiga,
pagando en la tranca de Koani en la carretera Oruro- La Paz U$ 200. Después la
ingresó por Quime, dando algunos pesos en las trancas interprovinciales,
Inquisivi, por Cajuata, Irupana, Chulumani.
La mayoría de los vehículos llegan
hasta Caranavi y al norte paceño, a otros poblados benianos. Hay como “un
acuerdo” de manejar ahí sin legalidad y con un “compromiso” de no salir de la
zona.
Es difícil de entender por qué el
Estado Plurinacional convive con esas expresiones que no sólo le restan
ingresos económicos, sino que son la fachada de otros negocios más oscuros.
En Chulumani prefieren no hablar
mucho, ni los policías y no está abierta la Fiscalía. ¿Qué hace la Autoridad de
Hidrocarburos? ¿Quiénes son los dueños de las gasolineras?
Lo único cierto es que los sábados
las canchas de pasto sintético financiadas por el Ministerio de la Presidencia
y el programa “Evo Cumple” están llenas de autos chutos.
¿Alguna autoridad pondrá el cascabel
al gato?