¿Por qué el gobierno de Luis Arce Catacora alienta un mercado ilegal de coca a la salida del camino a los Yungas paceños? Es difícil tener una respuesta única. Escuché a expertos en los asuntos del circuito coca cocaína ensayar algunas opiniones: es para blanquear la coca peruana; es un lucrativo negocio; es para tener otra zona de comercio para la fabricación de drogas; es para desviar la atención sobre el trópico cochabambino.
En todo caso, el conflicto existe
porque las autoridades y el aparato de choque del Movimiento al Socialismo
amparan a un sector ilegítimo. En una tormenta de demandas, bloqueos, paros,
marchas, dinamitazos, amenazas, es insólito que el sistema busque una pelea más.
La resistencia de la asociación
orgánica de productores de hoja de coca tradicional logró vencer en elecciones
internas y acreditar su representatividad. Todos los esfuerzos para aislar a
los originarios de la zona cocalera histórica no funcionaron. APDECOCA mantuvo
su unidad y su combatividad.
Hasta que cayeron en la trampa, como
ha sucedido en diferentes protestas sociales desde que los organismos de
inteligencia boliviano fueron asesorados por agentes de las dictaduras de Cuba
y de Venezuela (aprendices a su vez de Rusia y China).
La exigencia yungueña para que se
respete la normativa vigente y el único mercado legal de coca en el
departamento de La Paz fue pacífica, acompañada por vecinos, con bailes afro
bolivianos por las avenidas miraflorinas, con cantos en las reuniones
vespertinas. A pesar de la represión, la cantidad de productores legales
mantuvo la calma.
Sin embargo, no hubo la claridad
para reconocer las razones profundas de la retirada de la policía del mercado
ilegal de coca, protegido por órdenes superiores. Entonces “alguien” azuzó a la
masa: ¡hay que tomar el local!; ¡hay que quemar los tambores! ¡hay que
asaltar”, etc. Y los ingenuos, enfurecidos por días de gases y por la falta de
atención gubernamental, obedecieron a los provocadores.
Gran pretexto. Después llegó
cualquier fiscal, un juez, otros policías, agentes disfrazados, mujeres
policías del servicio de inteligencia y armaron “un caso judicial” para
perseguir y detener (violentamente) a los dirigentes, amedrentar a los demás. El
conflicto se estancó y el mercado ilegal retornó a vender la coca no
registrada.
Así les sucedió a los activistas de
las plataformas, infiltrados burdamente por militares y policías. Los nuevos
jóvenes detenidos se suman a las decenas de presos políticos que vuelven a
llenar las celdas en el país, como no sucedía desde 1982.
Los
indígenas de tierras bajas cayeron en la provocación para rodear a David
Choquehuanca en la Marcha por el TIPNIS, sin percatarse que las mujeres más
radicales eran policías encubiertas. Pretexto para la represión en Chaparina
“por el secuestro al canciller”.
La
Calancha, Porvenir, Hotel Las Américas y muchos otros cercos dolorosos tienen
el mismo sello.
Falta
la orientación política y la experiencia de dirigentes como fueron Filemón
Escobar o Simón Reyes que no dejaban que las masas enardecidas sean presa de
los provocadores. Casi siempre, la persona más violenta y gritona es la
infiltrada.
En
la gran movilización ciudadana de octubre de 2019, el control fue espontáneo
porque la protesta era vecinal, casi todos se conocían, era pacífica. Después
de la huida del grupo palaciego, salieron los guerreros digitales para provocar
una guerra civil. La valentía y la convicción de los propios ciudadanos evitó
ese desborde sangriento.
Igualmente,
en los paros cívicos, se evidencian controles de autocontrol. En Santa Cruz
hubo la experiencia de los provocadores masistas disfrazados de unionistas el
2008. Al parecer, en los últimos años se evitaron las provocaciones.
Sin
embargo, ahora hay ministros bloqueadores que anuncian que saldrán a enfrentar
la demanda cruceña. Seguramente también habrá planes para provocar desde
grescas hasta incendios y enfrentamientos.
Será
vital en todo el país mantener la serenidad. La fuerza está en los argumentos, no
en los puños.