Hasta hace poco, resumía la anomia social que vive Bolivia como el No Estado. Con las últimas noticias, es posible afirmar que ese No Estado es en realidad un Estado Pluridelincuencial. Desde el territorio del circuito coca cocaína, que ha despedazado los vestigios del Estado de Derecho y de la gobernabilidad, se alienta un caos jurídico.
Hace décadas, la delincuencia era
aislada, ahora funciona en un sistema protegido por fiscales, jueces, policías
y militares. La lista de temas es larga. De ellos, selecciono uno por la
gravedad que supone para el futuro pues usa la amenaza, la violencia, el
secuestro, las vejaciones colectivas.
La historia boliviana muestra la
cantidad de errores cometidos con la bandera de justicia social y que era la
ambición de grupos emergentes que deseaban apoderarse del esfuerzo de otros.
Quizá por su ignorancia pensaban que haciendas o empresas florecientes eran
resultado de herencias o de actos mágicos.
La documentación agraria evidencia
cómo esas tomas violentas, motivadas por intereses oscuros, culminaron con la
destrucción y el abandono. Ahí están oxidadas las maquinarias de SACIG en
Culpina, que nunca volvió a tener la oportunidad de desarrollar la
agroindustria. O el fracaso de la fábrica de quesos Collana asaltada hace 20
años. A pesar de la postura progresista de sus propietarios, dirigentes se
apoderaron de Comanche que ha dejado de ser lo que fue durante casi un siglo. Los
Morales Dávila fundieron AMETEX, la fábrica textil más moderna de Bolivia y
dejaron a cientos sin trabajo.
Nadie repuso los doce mil cipreses
quemados en los Yungas porque la joven pareja de propietarios no cedió a los
continuos chantajes del sindicato masista. O la toma de áreas verdes privadas o
municipales a nombre de “propiedad comunal”. O las amenazas contra cultivos de
plantas medicinales. En el 2022, además se agravan los avasallamientos y tomas
de tierras porque están enfrentando a comunarios originarios con los forasteros
que aparecen para construir barriadas hechizas.
Recorrer el país es ver tristes
espectáculos. De pronto surgen carpas, ladrillos y casuchas (curiosamente todas
muy similares) en terrenos privados, de particulares, de la Iglesia, de instituciones.
El caso de Las Londras ilustra la complicidad de policías y de fiscales y
jueces en un circuito cínico. Lo peor para las generaciones futuras es el
loteamiento de los parques nacionales: minería ilegal, coca cocaína, empresas
chinescas.
Otro caso que ilustra la profundidad
del Estado Pluridelincuencial incapaz de proteger a sus ciudadanos es el
de Hacienda La Angostura en Cochabamba, un proyecto con más de un siglo de
experiencia para criar ganado y generar productos combinando las oportunidades
de la tierra valluna con tecnología limpia.
Los loteadores no están interesados
en el trabajo duro de mantener pastos, trasladar insumos, cuidar el agua de las
acequias, alimentar a animales sanos y fuertes. Quieren lotear para especular
con terrenos que quieren hacer engordar; ganancia fácil para quienes no saben
trabajar. Trasladan material de noche, consiguen servicios de luz, protegidos,
taponean acequias, impiden riegos, matan ganado.
¿Qué medida asume la gobernación?
¿Hace algo la policía local? ¿Cómo actúan los organismos de control? ¿Pueden cumplir
la Constitución los fiscales?
El valle alto cochabambino es una
bomba de tiempo, con más de dos mil campesinos afectados por los avasallamientos
de más de 10 mil hectáreas. Desde hace un año hay conflictos y enfrentamientos,
cada vez más duros. Las víctimas no son solamente familias, sino poblaciones
originarias, mujeres indefensas y ancianos que han quedado cuidando el campo
ante la creciente migración de la fuerza de trabajo masculina.
¿Por qué será que ni el presidente
economista Luis Arce ni el vicepresidente ligado a ONGs David Choquehuanca no
dicen nada? ¿A quién o a quiénes temen tanto? ¿Quién alimenta las rivalidades:
tierras bajas/ tierras altas; aimaras/chapareños; forasteros/ indígenas del
bosque; norpotosinos/citadinos, qué persigue la campaña contra el rostro más
productivo de Santa Cruz?
Estos asaltos no son para que los
bolivianos tengan más ofertas de alimentos y el estado más garantías de
seguridad alimentaria. Son, repetimos, la forma más peligrosa de conseguir
dinero fácil, que seguramente será usado para la apreciada farra o para comprar
más armas, como gozan de lucir los secuestradores en Las Londras.
Viví en Colombia y en Centroamérica,
sé cómo empezó la Violencia y por qué nunca puede terminar, sólo cambia de
rostro.