Hace un mes, el Ministro de Justicia Iván Lima anunció que tenía redactado un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública; Bolivia y Venezuela son los únicos países de la región que no cuentan con ese instrumento de prevención de la corrupción. Hasta este año, sólo existe un decreto aprobado en 2005 y algunas normas fragmentadas, el proyecto presentado por la Asociación de Periodistas ante la Asamblea Legislativa y un nuevo proyecto propuesto por la bancada de Comunidad Ciudadana. Lima anunció plazos que no pudo cumplir.
La única instancia estatal que
cuenta en el país con una ley aprobada, reglamentos, y acciones es el Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz que durante la administración de Luis Revilla creó
y alentó un gobierno electrónico accesible al ciudadano y con gran cantidad de
información sobre la gestión pública. Otros municipios también avanzaron en la
apertura de la información al público. Félix Patzi instruyó a su equipo
preparar los necesarios protocolos para el pleno acceso público a la
información interna en la gobernación paceña, aún sin completar.
El gobierno central del Estado
Plurinacional de Bolivia no se interesó por alentar la normativa para acceder a
la información pública, más allá de discursos y de mal uso de propuestas de la
sociedad civil. En 14 años, a través de la verificación de portales oficiales,
las entidades de la prensa comprobaron que el acceso a la información era
escaso o nulo, retrasado e incompleto. Esta situación empeoró a medida que el
régimen se volvía más opaco y optaba por salidas no democráticas.
En esta semana de marzo 2021, al
revisar las páginas oficiales se detecta más retroceso en el gobierno
electrónico y en las iniciativas de transparencia institucional que comenzaron hace
dos décadas.
El Ministerio de la Presidencia se
abre con la imagen de una deformada cruz chacana y noticias de esa cartera y de
su autoridad. No existe información sobre sus planes estratégicos, su plan
anual, las convocatorias para recursos humanos o servicios, las auditorías
realizadas. Hay enlaces a la UPRE que tiene información pasada o a AGETIC que
contiene generalidades; esa instancia fue denunciada como parte de las
irregularidades en las elecciones de 2019 pero no existe ningún proceso a su
ejecutivo. El Organigrama y otra documentación datan de marzo de 2020.
El Ministerio de Gobierno tiene
algunas noticias, una gran foto de su titular, pero el resto está vacío, por
ejemplo, la escala salarial. El Ministerio de Educación presenta convocatorias
de hace un año y la escala salarial firmada en 2018 por el anterior ministro;
también el presupuesto es del 2020. El Ministerio de Justicia presenta un
portal más ordenado, pero las convocatorias son caducas y el Plan Estratégico
es de 2019. Es decir, ni siquiera se cumple con la Ley SAFCO y la CPE. Desde
octubre de 2020 no se incluye información de interés para el ciudadano. Piedra
libre.
La Contraloría General del Estado
ofrece un portal institucionalizado, mantiene el escudo nacional como entidad
oficial y tiene una amplia oferta. Sin embargo, ha retrocedido de la apertura
que tuvo hace 20 años- cuando era independiente- y no existe la facilidad de
años pasados para rastrear auditorías realizadas.
El Ministerio de Cultura,
Descolonización y Despatriarcalización, tres meses después de la posesión de su
titular, no tiene página web más que la foto de la ministra. No existe
posibilidad de conocer sus planes, proyectos, cómo contrata al personal.
Otra señal de la ausencia de
institucionalización en el extraviado gobierno de Luis Arce Catacora.