En la fecha más emblemática de la
centenaria lucha de los periodistas para defender el derecho constitucional a
la libertad de pensamiento, la presidenta Jeanine Añez entrega un decreto de
regalo. Un decreto que abre las compuertas feroces de la persecución contra
cualquier persona que escriba, diga, dibuje, cuente, chismee cositas que el
gobierno de transición considere “des- información”.
Añez y su equipo han iniciado en las
últimas semanas un harakiri personal e institucional difícil de justificar.
Algo que se agrava porque sus desaciertos no sólo los afectan en el aprecio
ciudadano, sino que fomentan protestas con consecuencias inesperadas.
El gobierno de transición es legal
como lo han confirmado diferentes interpretaciones constitucionales de alto
nivel. Sin embargo, no tiene la legitimidad de su antecesor pues no llegó al
poder por el apoyo popular sino por la sucesión prevista en la normativa. Fue
una “lotería” y en los primeros días, los más difíciles, las actitudes, las
palabras y sobre todo las decisiones de Añez lograron el respaldo de una buena
mayoría boliviana.
También la forma en la cual encaró
la pandemia y la crisis sanitaria inédita en Bolivia fue bien recibida por tres
cuartas partes de los habitantes, como muestran encuestas y comentarios.
Parecía que las medidas asumidas eran las correctas y tenían el objetivo de
contener daños mayores.
Sin embargo, decisiones como la
relacionada con los transgénicos sin consultas previas; el uso de aviones
estatales para fines particulares; las fiestas privadas entre los privilegiados
y el decreto mordaza muestran el lado perverso del régimen actual.
Me limitaré a comentar la orden de
penalizar los (supuestos) excesos de periodistas, internautas, pintores,
escritores, poetas, artistas, caricaturistas. En primer lugar, porque hay un
desconocimiento de las convenciones internacionales sobre derechos humanos
ratificadas por Bolivia; de las constituciones desde 1826 a 2009; de la Ley de
Imprenta; de la Declaración de Chapultepec; de los códigos de ética de la
prensa boliviana; del trabajo del Consejo de Ética nacional; y de la larguísima
resistencia de los periodistas a los abusos del poder.
Las propias normas apoyadas por las
organizaciones de prensa prevén los límites a la libertad de prensa; alientan
la responsabilidad; protegen el respeto al honor de las personas. Los
periodistas lograron incluir en la CPE la auto regulación. Como pocos otros
gremios, los periodistas insisten en la autocrítica y conocen sus debilidades.
En decenas de seminarios o libros aparecen estas autocríticas. Cada medio de
comunicación y cada reportero sabe que su futuro está cimentado principalmente
en el grado de confianza que logra en la opinión pública.
También los directivos de las
asociaciones de periodistas repiten decenas de veces que hay libertinaje, banalidad,
falta de rigor en las fuentes y otras sombras en el quehacer diario. Así como
también la prensa boliviana es portaestandarte en las luchas contra los excesos
de los políticos, en los conflictos sociales o en crisis como la actual
pandemia.
Ningún caso justifica la censura,
las amenazas, la penalización. Ningún presunto delito de prensa tiene pena
corporal. Mejor el desborde que la mordaza.
Me falta espacio para protestar por
las amenazas contra los artistas, contra las expresiones culturales. Tendré
otro momento para expresarme sobre ello. Por ahora, recordar que, quienes
persiguen la libertad de pensamiento y de opinión, nunca ganan.