En medio de las patéticas noticias
de agosto, pasó casi desapercibida la peor de ellas: un periodista fue detenido
por la parapolicía del Chapare, al
centro de Bolivia. Lo secuestraron cuatro horas y le amenazaron con amarrarlo a
“un árbol” para que lo coman las hormigas; lo soltaron después de copiar su
cédula de identidad y amonestarlo: “sabemos dónde vives”.
Lo acusaron de entrar “sin permiso”
a la zona (donde el gobierno construye una carretera violentando un parque
nacional y territorio indígena) y de acompañar a una comisión internacional. El
Ministro de Gobierno, Carlos Romero, justificó las medidas violentas de quienes
abren más brechas para sembrar coca y amplían, queriendo o sin querer, el
circuito coca cocaína.
Ese método de castigo fue empleado
por afines al MAS contra sus adversarios usualmente, como admite la cocalera
Leonilda Zurita en el documental “El cocalero”: amarrar a la persona al palo
santo donde temibles hormigas pican con su letal veneno.
Usar grupos de choque contra el trabajo
de la prensa es una forma antigua con demasiados ejemplos. Recuerdo uno feroz, las
“patotas” golpeando a periodistas que denunciaron casos de corrupción de los
gobiernos peronistas. Así sucedió contra un reportero de “Página 12” en agosto
de 1993; ataques similares en la era Kirchner.
Carlos Menem definió a los
periodistas como sus enemigos. Intentó enjuiciar a un reportero de “Clarín” que
develó el tráfico de armas hacia Croacia, por el cual luego condenado. También denunció
a dos responsables de “Noticias” por publicar que tenía un hijo fuera de
matrimonio, caso que fue resuelto ante la CIDH a favor de los periodistas; el
gobierno negó todo y acusó al periódico de afectar el derecho a la intimidad.
El año pasado el hijo apareció en ese mismo medio dando sus primeras
declaraciones. Hubo ataques contra radios y canales, tanto en la capital como
en las provincias. El más doloroso fue el asesinato del fotógrafo José Luis
Cabezas por publicar el perfil de un mafioso beneficiado por el peronismo.
Menem empleó el concepto “libertad
con palo” para “pegar” a los periodistas porque “abusan de la libertad de
prensa”. Dijo luego que sólo era una “anécdota”, pero Amnistía Internacional
contó decenas de abusos contra los medios de comunicación.
Entre la batería de proyectos legales
que Menem intentó aprobar para controlar el trabajo de la prensa, estuvo la
idea de una norma sobre la verdad, en la cual los gobiernos podrían definir qué
es verdad y qué es mentira. Fracasó esa iniciativa, pero sí logró interpretar
la Constitución para reelegirse.
Los cocaleros no sólo no dejan
trabajar a periodistas no masistas en el Chapare, también proponen normas
contra ese oficio y las redes sociales. Últimamente, su máximo dirigente, Evo
Morales, exigue otra vez una ley contra la mentira. El mayor Juan Ramón Quintana en 2010 propuso
una ley contra la difamación, anuncio reiterado el 2016 y 2017.
Los permanentes ataques al fortín de
la libertad de expresión, desde los grupos de poder fáctico y desde el Estado,
amenazan con derrotar la resistencia, muchas veces solitaria, de los
periodistas y de sus organizaciones.