En las estadísticas mundiales y regionales sobre la lucha contra el COVID 19, Bolivia ocupa lugares desde pésimos, malos a regulares y, con relación a otros países, parece que la estricta cuarentena del año pasado y la asombrosa disciplina de la población impidió una catástrofe como en Ecuador o en Brasil. Sin embargo, el asunto de las vacunas contra el virus se ha politizado al punto de extraviar al Poder Ejecutivo.
En Bolivia la mayoría de la
población se acuesta y se despierta con creciente incertidumbre. Cada amanecer
es más difícil entender cuál es el objetivo del presidente Luis Arce y del régimen
que comparte con su consejero Evo Morales.
Arce participó directamente en la
campaña de su partido para las elecciones subnacionales del pasado 7 de marzo
en vez de priorizar los angustiosos problemas económicos y de salud. Durante
sus visitas oficiales amenazó a los ancianos con no entregar vacunas contra el
COVID 19 si no apoyaban a su partido.
Estremeció a los habitantes de
Tarija, un departamento y una ciudad que se esfuerzan por mejorar sus
indicadores económicos y sociales, cuando prometió no autorizar vacunas para los
“oligarcas”. Ni siquiera en las dictaduras militares se desconoció el derecho
humano a la salud. ¿Quién es el “pueblo”, quién es el “oligarca”? ¿Cómo un
líder puede ordenar la discriminación a ese nivel?
El presidente Arce no se preocupa
por tranquilizar a la población dando la seguridad de tener una hoja de ruta
para sacar al país de la crisis económica iniciada hace un lustro y empeorada
por la pandemia. Aunque no acepta entrevistas con la prensa independiente,
declara datos contradictorios cada que habla.
El 22 de enero, en conferencia
pública anunciaba la llegada de “15 millones de vacunas” “la próxima semana”.
Dijo que su plan contra el COVID no se basaba en la represión y el miedo sino
en la prevención. Pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, pasó abril. ¿Qué
sucederá en mayo?
El 26 de marzo agradeció a China y a
Rusia a tiempo de anunciar un millón seiscientos mil vacunas para “el próximo
mes”. Pasó marzo, pasó abril. Los cronogramas no se pudieron cumplir. Los
rangos de edades para vacunar se fueron espaciando. No hay vacunas en los
seguros de salud desde hace una semana.
Ni 300 mil habitantes están
vacunados con las dosis correspondientes.
Al inicio de la semana anunció la
llegada de un millón y medio de vacunas chinas. El martes sólo llegaron 334
mil. Se acabaron las vacunas en casi todas las capitales. Desde el miércoles
tampoco hay material para las pruebas PSR. Se suma la suspensión de la segunda
dosis para cerca de 700 mil vacunados desde marzo, a pesar de tener papeletas
con sus fechas correspondientes. ¿Valen primeras dosis sin el refuerzo? ¿Es una
buena estrategia priorizar el área dispersa y no a las urbes densamente
pobladas?
Lo más preocupante de tener un líder
como Arce Catacora es que tampoco autoriza a que otros sí logren traer vacunas
y alivien a la población. Su gobierno impidió importarlas a una fundación que
ya tenía los inyectables en puerto vecino y cierra el paso a las alcaldías y
gobernaciones opositoras.
Esta semana, la peligrosa
incoherencia del mandatario llegó al extremo de negar a los empresarios
privados un plan de salvataje y su vigorosa propuesta de vacunar masivamente a
los trabajadores, los pocos con empleos dignos en el país.
Con un capitán que provoca sus
propias tormentas, una madre boliviana no puede dormir tranquila. Una familia
tiene insomnio. Una ciudad se deprime. Un país delira.