martes, 6 de junio de 2023

DE AUTEROS A MONRREROS

 

            Esperé todo el mes para conocer los resultados de la investigación sobre el vehículo robado a una ciudadana chilena en su país y entregado en La Paz como halago presidencial a una organización social relacionada con el Movimiento al Socialismo.

            Busqué la anunciada aclaración de la sonriente ministra de la Presidencia María Nela Prada, mientras posaba junto al primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia Lic. Luis Arce Catacora, ambos protagonistas del festejo con el objeto en cuestión.

            ¡¡Ilusa!!

            Hasta este miércoles 31, fin de mayo, no existe el resultado de la indagación sobre el origen y recorrido del automóvil y cómo llegó a las manos de Prada. Por lo menos, no fue publicado. En cambio, a medida que pasan los días, a través de diferentes mecanismos se denuncia que otros autos robados están en manos de autoridades.

            Al punto que el secretario de comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Omar Ramírez, confirmó que su entidad recibió cinco vehículos robados, pero que nadie sabía en manos (o pies) de qué dirigentes quedaron. “Estos vehículos prácticamente no tenían ningún documento, no sé si es una forma de engañar a los movimientos sociales”, declaró a la prensa.

            La noticia recorrió los titulares de los medios internacionales y más de un lector se habrá reído del presidente boliviano. El anterior vicepresidente, Álvaro García Linera, felicitaba a los pobladores que adquirían vehículos de contrabando; “su herramienta de trabajo” en vez de llamas o mulas. Ese argumento es usado por otros representantes del MAS para compartir chutos.

            Repartir autos de origen oscuro fue una idea de Juan Ramón Quintana en 2018. Cientos de esas “herramientas” salieron del principal edificio del poder político boliviano. A poco de ser posesionado, Arce comenzó a regalar vehículos chutos (32 desde enero 2021), a “ponchos rojos”, a “interculturales” y a otros “pobres”.

            La primera pregunta, obvia para el resto de los bolivianos que no son del MAS, es por qué un presidente dona edificios, hoteles, autos, viajes y otros obsequios a grupos masistas y a individuos llamados “dirigentes”. Estas dádivas están especialmente rechazadas en las convenciones internacionales contra la corrupción desde 1997. El audaz ministro Iván Lima podría enterarse de ello.

            La segunda cuestión es aún más grave. ¿Cómo es posible que un esquema de funcionarios en distintas reparticiones del más alto nivel no cuide la imagen del presidente Arce? ¿Quién puede asegurar que él y Prada no conocían el origen del auto? ¿Ninguno leyó las noticias de voceros chilenos mostrando cómo llegan a Bolivia los autos robados?

            “Es por demás vergonzoso” escribió un dirigente de la cámara de empresas aduaneras. Existen circulando por el país entre 450 mil a 500 mil vehículos sin placas. Algunas investigaciones periodísticas revelan las redes de auteros en complicidad con militares de diferente graduación en las fronteras (Chile y Brasil) y luego con policías, sobre todo en las trancas.

            Existen espacios territoriales donde la mayoría de los vehículos es de contrabando, sean robados, sean pagos oscuros, sean internados por chuteros. Curiosamente, esos son los pueblos del circuito coca cocaína. El parlamentario masista José Rengel Terrazas fue denunciado por girar ¡51 millones de dólares! a bancos externos (incluyendo en Costa de Marfil) y poseer 44 inmuebles. Su principal negocio estaría en la importación de chutos. Por supuesto que no está detenido ni su caso le interesa al Procurador.

            Los dueños de esos cientos de miles de autos indocumentados no pagan impuestos; es más exigen ser reconocidos como legales. Lo increíble es que cargan gasolina, gas o diésel en cualquier estación y pasan inspecciones y controles. Cada vez avanzan más, de Challapata a Oruro, de ahí a El Alto, ahora en el centro paceño y este mes hasta la propia Plaza Murillo.

            Con una política seria, el Estado se ahorraría inmediatamente cantidad de carburantes, cada vez más escasos. El Ministerio de la Presidencia debería anular el decreto que le permite repartir objetos relacionados con el hampa.

            Por el momento, el panorama empeora. Las noticias abren la duda. No solamente los auteros capturan al Estado. No son casos aislados de corrupción. Es una tramoya que alberga todo tipo de delitos de alta gama. En la cima, la sospecha de extraños suicidios, de crímenes que se parecen peligrosamente a la cadena de muertes de 1969.